Abogada explicó cuáles serían los “primeros auxilios jurídicos”, después de un terremoto como el de Colombia

La abogada colombiana Laura Sánchez compartió una serie de recomendaciones legales dirigidas a quienes resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

A través de un mensaje divulgado en redes sociales, la jurista abordó tres aspectos fundamentales para quienes enfrentan la pérdida de vivienda o daños a la propiedad: seguros, arriendos y subsidios.

Seguros

En primer lugar, Sánchez explicó el funcionamiento de las pólizas de seguro en medio de un desastre natural.

“En Colombia, por ley, todas las propiedades horizontales tienen que estar aseguradas en contra de terremotos e incendios”, afirmó al comienzo de su intervención la jurista, y aclaró que esta obligación legal implica que, si la copropiedad cumplió con la normativa, los afectados pueden reclamar el seguro correspondiente.

Este seguro se aplica exclusivamente sobre los bienes comunes de la propiedad horizontal, como la estructura del edificio.

“En caso de que no se pueda volver a reconstruir el edificio, el valor de ese seguro se debe repartir en partes iguales a los copropietarios”, puntualizó Sánchez.

La especialista hizo hincapié acerca de la importancia de verificar la existencia de la póliza y de iniciar el proceso de reclamación a la mayor brevedad posible.

Ella recomienda recopilar todos los documentos que acrediten la propiedad y los daños sufridos, así como acudir a la administración de la copropiedad para obtener información sobre la aseguradora y los pasos a seguir. “Ten muy en cuenta eso. Si la propiedad horizontal cumplió la ley, puedes reclamar ese seguro”, reiteró en su orientación la experta.

Arriendos

El segundo aspecto que desarrolló Sánchez corresponde a los contratos de arrendamiento de inmuebles afectados por el terremoto.

Según la abogada, la legislación colombiana es clara en cuanto a la imposibilidad de seguir cobrando el canon de arrendamiento cuando el inmueble ha quedado inhabitable.

“Si eres arrendatario o arrendador de un apartamento que quedó inhabitable, la ley dice que no se podrá seguir cobrando ese arriendo. Naturalmente, esto es una razón para terminar el contrato”, expuso Sánchez.

La jurista instó a propietarios y arrendatarios a actuar en consecuencia y suspender los pagos o cobros en estos casos.

“Por favor, no le siga cobrando los cánones a una persona que ya no puede vivir ahí, y usted no lo siga pagando en el caso de que tenga un apartamento arrendado”, aconsejó la experta.

Esta medida busca proteger los derechos de ambas partes y facilitar la recuperación de quienes han perdido su vivienda temporal o permanentemente.

Subsidios

En cuanto a los subsidios gubernamentales, Sánchez argumentó que la responsabilidad del Gobierno nacional es brindar apoyo a las personas damnificadas, y en especial a quienes han visto destruidas o inhabitables sus viviendas.

Aunque al momento de sus declaraciones no existía información oficial sobre los mecanismos de ayuda, la abogada recomendó a la población mantenerse atenta a los anuncios oficiales y asegurarse de figurar en los registros de damnificados. “usted y su información pueda estar ahí”, indicó.

Al final, la abogada anunció que continuará monitoreando la emisión de decretos y disposiciones del Gobierno colombiano en relación con los subsidios, con el propósito de informar a los ciudadanos sobre los procedimientos para acceder a estos apoyos.

Sánchez reiteró su disposición para responder consultas legales relacionadas con la emergencia y alentó a la ciudadanía a compartir la información para que llegue al mayor número de afectados posible.

“Cualquier duda legal relacionada con este tema, con toda la confianza, les voy a estar respondiendo en los comentarios y espero que esta información les haya podido ayudar a ubicarse un poco”, finalizó la experta.

Según los últimos reportes, el terremoto del lunes ha causado la muerte de 239 personas, más de 3.700 heridos y 287 desaparecidos, además de daños materiales de gran magnitud, según el reporte consolidado por parte de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd).