indigenas

Las autoridades dicen que estos bloqueos imposibilitarían el traslado de pacientes graves a otras ciudades.

Desde centrales obreras hasta hinchas de fútbol se reunieron este 28 de abril para protestar en contra de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque. Marcharon en medio de pancartas, cantos, música y danza.

El primer acto que marcó el inicio de las protestas de este 28 de abril sucedió en Cali y tuvo que ver con la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de un grupo de indígenas misak.

El defensor de DD.HH. indígena Edwin Mauricio Capaz denunció la circulación en el Cauca de un panfleto que está firmado por este grupo disidente de las Farc.

Este proyecto de ley ya se había discutido el pasado 12 de este mes y en ese momento, al menos 40 organizaciones ciudadanas, académicos y voceros de pueblos indígenas, rom y afros dijeron que el proyecto era un “atentado contra la democracia”.

Las localidades se rigen actualmente por usos y costumbres, por lo que fueron sus propios concejos los que decidieron no aceptar el inmunizante.

Los cárteles colocan retenes en las vías de acceso para saber el origen y destino de quienes pasan por el lugar

Los hechos habrían ocurrido en Arauca el pasado 28 de marzo.

El alto tribunal le dio un plazo de 15 días el Estado colombiano para que entregue un informe sobre las acciones que tomarán para brindarles acceso a alimentación, salud y agua potable de las comunidades y así garantizar su seguridad durante la crisis sanitaria.

Los hechos se dieron en el municipio de Tame, Arauca, en la vereda La Hormiga. La menor se encuentra en recuperación en centro médico.

La presidenta del partido le pidió al gobierno Duque que brinde garantías para los políticos de oposición del país.

Las inconsistencias se presentaron en un contrato firmado en 2015 que tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu.

Cerca de 430 indígenas del pueblo embera katíos que habitan el departamento del Chocó fueron desplazados por la presencia de grupos armados y el recrudecimiento de la violencia en sus territorios.

Las comunidades piden ayuda para poder regresar a sus resguardos, pero los campos minados no se lo permiten.

Según la Defensoría del Pueblo, hay entre ellos 187 niños y niñas de Bagadó -Chocó, comunidad de Cevedé, del resguardo indígena Tahami del Alto Andágueda.

Las víctimas fatales pertenecían a un cabildo indígena del municipio de Caldono, en el norte del Cauca, de donde eran oriundas. Se desconoce el motivo por el que fueron ultimados en un corregimiento de Argelia.

Son cuatro delitos por los que el general Juvenal Díaz Mateus presentó una denuncia contra los indígenas del Carmen de Atrato- Chocó, que retuvieron a nueve militares.

La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, que argumentó que la pena fue impuesta sin un debido proceso. Se deberá hacer una nueva investigación y juicio sobre el caso.

El consejero presidencial para la seguridad Nacional, Rafael Guarín, señaló que por el caso del grupo de indígenas de la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó – Medellín, que retuvieron a nueve militares, se podrían aplicar severas sanciones.

La ONIC, la Mesa de Concertación de Indígenas del Chocó y la Guardia Indígena rechazaron las acusaciones de secuestro y narcotráfico hechas por las Fuerzas Armadas.

Si bien los militares detenidos por la Guardia Indígena en el Chocó fueron entregados a la comisión de la Defensoría del Pueblo, el expresidente aseguró que en esos casos son las Fuerzas Armadas quienes deben actuar.

Los militares, que fueron entregados a la comisión de la Defensoría del Pueblo, están en buenas condiciones físicas y psicológicas.

En este municipio al oriente de Antioquia fueron desplazadas al menos 48 familias, que tuvieron que abandonar sus territorios por amenazas de grupos armados y las minas antipersona sembradas en sus resguardos.

Se conoció que en las próximas horas, serían liberados los nueve soldados que fueron retenidos mientras cumplían una misión operacional contra grupos armados organizados en esa región del país.

El duro pronunciamiento lo realizó desde su cuenta de Twitter el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín.

Este elemento que tomó 10 años en construirse contó con las manos de cinco mujeres tejedoras de la comunidad y está hecha de lana de ovejo.

Los militares fueron retenidos por la comunidad Consuelo Bajo, en la zona rural de Carmen de Atrato.