JEP ordena activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para excombatientes

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió al alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, un plan para desmantelar las organizaciones criminales que afectan el proceso de reincorporación

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La Jurisdicción Especial para la Paz  ha hecho recurrentes llamados al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de los excombatientes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación y que en su mayoría adelantan este proceso en algunas de las regiones en las que el recrudecimiento del conflicto ha sido evidente.
La Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho recurrentes llamados al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de los excombatientes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación y que en su mayoría adelantan este proceso en algunas de las regiones en las que el recrudecimiento del conflicto ha sido evidente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este martes al gobierno de Iván Duque activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), con el propósito de combatir y desmantelar a los grupos armados ilegales que están afectando la reincorporación de los excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC que firmaron el Acuerdo Final de Paz.

Esta decisión, que fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz y dirigida al alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, se produce luego que se constatara la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de grupos delincuenciales a los firmantes, que según datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz de Colombia (Indepaz) le ha costado la vida a 305 exguerrilleros desde la firma del Acuerdo Final y seis en lo corrido de 2022.

“La Sección le solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que, pasados cinco años de creada la comisión, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo con cual no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación”, señaló la justicia transicional.

Asimismo, la jurisdicción especial le ordenó al comisionado, quien ejerce la secretaría técnica de la CNGS, instancia fue que creada para apoyar la consolidación de una política pública y criminal de desmantelar las estructuras criminales en el país, adoptar el plan de acción que busque desarticular estos grupos armados ilegales que han afectado el proceso de reincorporación.

Con relación al balance que presentó la sección durante la diligencia judicial que se llevó a cabo el 28 de febrero para hacer un seguimiento de las estrategias adoptadas por la CNGS, desde la firma del Acuerdo 306 exmiembros han sido asesinados en todo el territorio nacional, incluidas diez mujeres, entre ellas una indígena del departamento del Cauca.

“Hay que precisar los retos y desafíos que se deben superar para avanzar en el propósito de lograr una política participativa, articulada y constante”, señaló el magistrado Raúl Sánchez, a su vez, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo cuestionó la razón por la cual la Procuraduría, la Unidad Especial de Investigación, el Comando de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía no participaron en la elaboración de los diferentes lineamientos que presentó el alto comisionado el 19 de marzo de 2021.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho recurrentes llamados al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de los excombatientes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación y que en su mayoría adelantan este proceso en algunas de las regiones en las que el recrudecimiento del conflicto ha sido evidente.

“La lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres no logra impactar con efectividad en la prevención y mitigación de las violencias”, concluyó el magistrado Alejandro Ramelli, Presidente de la Sección.

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