La paradoja de los cocaleros: explotados, en la miseria y sin opciones ante el millonario negocio narco

La lucha antidrogas en Colombia se ha medido -insuficientemente- por el número de hectáreas de cultivos ilícitos. El aumento de estas a 220 mil el año pasado, según cálculos de Estados Unidos, y los rezagos del programa de sustitución voluntaria deja mal parado al país. Y en medio de este panorama se tejen una suerte de mitos sobre los campesinos cocaleros que, pese a lo que se cree, tienen el nivel de calidad de vida más bajo de las zonas rurales. Así lo demostró un revelador estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), enmarcado dentro de los Acuerdo de Paz, no cumplió la meta de las 50.000 hectáreas erradicadas proyectadas a mayo de este año. A julio, la ONU solo pudo verificar 23.770 hectáreas de matas de coca arrancadas por los campesinos. El rezago se debe en parte a las amenazas de grupos al margen de la ley, pero el fondo del problema son los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito a la economía legal de las familias que siembran, afirma la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

"La sostenibilidad de las medidas (antidroga) está estrechamente ligada con la capacidad del Estado de cambiar las condiciones de los territorios que hacen competitivos los cultivos ilícitos. Esto significa, por un lado, contener y reducir la influencia de los grupos criminales en las zonas afectadas por el narcotráfico, y por el otro, ofrecer alternativas para las familias y comunidades que dependen de estos cultivos", asegura la FIP.

Por eso, la UNODC y la FILP realizaron un estudio para caracterizar a las familias cocaleras que firmaron los acuerdos del PNIS y de su entorno productivo, así poder determinar las falencias y el nivel de desarrollo en el que viven. Fueron en total 6.350 encuestados en 29 municipios de 12 departamentos que concentran los cultivos ilícitos. Y a diferencia de quienes creen que el negocio de la coca es rentable en todos sus ámbitos, los resultados arrojaron bajos niveles educativos, poco acceso a vías y a servicios de salud e ingresos muy por debajo del promedio nacional.

De las 209.000 hectáreas sembradas de coca alcanzadas en 2017 según cifras de la Casa Blanca, los predios de las familias encuestadas corresponden a 11.984 de estas, concentradas en su mayoría (65%) en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo. De las zonas seleccionadas, el 89% de los sembradores confirmó tener una relación directa con la mata de coca, mientras que el 11% restante están dedicados a otros productos como plátano, yuca, maíz, arroz, cacao y café, y a actividades como la ganadería. Pero, ¿cómo viven en realidad los cocaleros?

Campesinos cocaleros

La investigación reveló dos datos importantes relacionados entre sí. Primero, que los niveles de pobreza en las zonas de cultivos de coca son muy altos, tienen un rezago de nueve años en comparación con el resto del sector rural. Ello, se debe, entre otras cosas, al segundo punto: el ingreso promedio mensual de las familias cocaleras es del 56% del salario mínimo vigente; es decir, reciben ganancias de poco más de 134 dólares. Asimismo, el 97,5% trabajan en la informalidad, por lo que las tasas de dependencia económica son de 57,9%.

Pese a que el 94% de las familias encuestadas afirmó ser propietarias de las plantaciones de coca, el tamaño promedio de los lotes de sembrado no supera la media hectárea; lo que quiere decir que muchos no ganarían más del 28% del salario mínimo vigente. Y solo el 13% de ese total cuenta con documentos que los certifican como dueños. Por estas razones, el 57% de los hogares cocaleros sufren de pobreza monetaria, cuando el porcentaje en el resto del territorio rural del país es de 36, según el DANE.

Las funciones dentro de las familias también son diferentes a las comunes, pues todos sus integrantes trabajan en función de las matas de coca. Casi la mitad de los hogares cocaleros está conformada por mujeres (49%), de las cuales el 29% son jefas de hogar. Ellas tienen tareas diversas en la cadena del cultivo, además de las actividades propias de la casa. El estudio advierte que tienen un riesgo alto de vulneración de sus derechos, al desarrollar labores que van desde recolectoras, finqueras, cocineras, colaboradoras y hasta sirven de correos humanos.

Otra cifra preocupante es la que involucra a la población infantil. El 41% de los encuestados tiene menos de 19 años, y el 92% de los niños de entre seis y nueve años que viven en las zonas de presencia de campos de coca ya están trabajando en ellos. De las personas en edad de asistir a una escuela, solo el 32% lo hace. Precisamente, la educación es uno de los mayores problemas en las regiones donde se realizó la encuesta.

En promedio, el 36% de las 6.350 personas que participaron en el estudio son analfabetas. En los niños hay un rezago escolar del 35,5% y el 86,3% tiene rezago educativo. A esto se le suma la insatisfacción de los servicios básicos como la energía eléctrica, pues solo el 63% tiene acceso a ella. Y que una de cada cuatro personas vive en hacinamiento, lo cual está relacionado con presencia de enfermedades.

El acceso a los servicios de salud también es un problema evidente. Aunque el 95% de los encuestados afirma estar afiliado al sistema de seguridad social, la mayoría de las zonas donde se concentran los cultivos de coca son veredas alejadas del casco urbano, donde no cuentan con centros asistenciales cercanos, o los que existen tienen pocas herramientas y materiales necesarios para atender emergencias.

Entonces, ¿por qué cultivan coca?

El 71% de las familias cocales afirma que se dedican a los 'narcocultivos' porque es lo más rentable, y el 59% dicen que no hay más opciones económicas. Otras razones que alegan para dedicarse al oficio son que no hay compradores de productos legales y por presión de organizaciones criminales financiadas con el narcotráfico. Esto quiere decir que las labores tradicionales de los campesinos son casi imposibles de desarrollar en estas zonas porque sus ingresos son muy bajos, debido al olvido estatal histórico.

La FIP explica que, aunque la rentabilidad de la coca sea baja, es lo único que permite un ingreso en estas regiones donde la infraestructura es escasa e implica altos costos, donde no existen cadenas de comercialización y donde el acceso a créditos para invertir en el campo es nulo. De hecho, en la encuesta el 48% de las personas afirmó que sus veredas no cuentan con acceso a vías terrestres. El estudio pudo estimar que el tiempo promedio del trayecto de una finca a la cabecera municipal es de 5,4 horas.

Al este tema se le suma que muchos cocaleros que se inscribieron el PNIS desconfían de los beneficios prometidos. Una de las promesas del programa era la asistencia técnica para reemplazar con efectividad los cultivos ilícitos por legales, de forma que estos últimos implicaran una rentabilidad necesaria para sostener a las familias. De las 77.659 familias que firmaron el acuerdo, solo 15.360 han recibido esa asesoría (19%).

Ante este contexto, la UNODC y la FILP resaltan que los principales desafíos para el gobierno entrante es reducir la pobreza en las zonas cocaleras para que los campesinos tengan otras entradas distintas a la ilegalidad. Y para ello surgen necesidades como disminuir el trabajo infantil, aumentar el acceso a la educación, a la salud y a servicios básicos como la energía eléctrica.

Sin embargo, no todo está perdido. La FLIP destaca varias oportunidades de desarrollo en las zonas. "Fortalecer el liderazgo femenino, aprovechar el potencial de la población joven para desarrollar el campo, avanzar en la formalización de la propiedad de la tierra y aprovechar los altos niveles de participación y el clima positivo de las relaciones comunitarias para fortalecer los procesos asociativos (…) La baja rentabilidad comparativa de los cultivos de coca es una oportunidad para el desarrollo de actividades productivas legales, lo cual requiere ampliar la oferta de bienes y servicios", concluyen.

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