El Supremo de Brasil juzgará en diciembre la ley que puede reducir la condena de Jair Bolsonaro, en una votación virtual prevista entre el 4 y el 15 que definirá la validez de la norma aprobada por el Congreso para revisar las penas por delitos contra el Estado democrático de derecho.
El magistrado Alexandre de Moraes incluyó el caso en la agenda del pleno virtual del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que analizará recursos presentados por partidos de izquierda contra la llamada Ley de Dosimetría. La norma entró en vigor en mayo, aunque Moraes suspendió de inmediato su aplicación de forma cautelar hasta que el pleno resolviera las impugnaciones sobre su constitucionalidad.
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La legislación modificó los criterios para calcular las condenas de quienes participaron en la conspiración para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. Entre los posibles beneficiados figura Jair Bolsonaro, expresidente brasileño y líder de la extrema derecha, condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su papel en la intentona golpista.
El texto establece que no podrán acumularse penas por delitos de naturaleza semejante y facilita el acceso de los condenados a regímenes de reclusión menos estrictos. En el caso de Bolsonaro, la medida puede afectar las condenas por “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, figuras que la nueva legislación considera similares para el cálculo de la pena.
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Según estimaciones difundidas en Brasil, la aplicación de la ley permitiría que el exmandatario dejara el régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años. Bolsonaro cumple desde marzo su condena bajo prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia, un beneficio que la Justicia le concedió por sus problemas de salud.
La decisión de llevar el asunto al pleno llegó dos días después de una reunión entre Moraes y los presidentes de las dos cámaras legislativas. El titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, solicitaron que el tribunal resolviera la validez de la ley antes del receso judicial de diciembre.
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Los jefes parlamentarios defendieron la necesidad de que el Supremo fijara una posición sobre una norma aprobada por el Congreso y cuestionada ante la Justicia. Tras ese encuentro, difundieron una nota conjunta en la que señalaron que Moraes se comprometió a responder al pedido “tan pronto como fuera posible”.
También el presidente del Supremo, Edson Fachin, afirmó el martes que el tribunal podía juzgar las acciones antes de que terminara el año, siempre que Moraes liberara los expedientes para su análisis. Con la incorporación del caso a la agenda, los ministros contarán con doce días para emitir sus votos en el sistema virtual de la Corte.
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El Congreso aprobó la ley en diciembre, pero el presidente Lula la vetó poco después. En abril, los legisladores anularon ese veto y promulgaron la norma. Días después, cuando la legislación ya regía, Moraes frenó sus efectos al aceptar los recursos judiciales impulsados por agrupaciones de izquierda.
Durante la tramitación de esas acciones, el Supremo recibió manifestaciones de la Cámara de Diputados, el Senado, la Abogacía General de la Unión y la Fiscalía General de la República. El Poder Legislativo defendió la constitucionalidad de la ley, mientras que la Abogacía General cuestionó tanto el proceso de aprobación como el contenido de la norma.
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La Fiscalía General, en cambio, se pronunció contra la suspensión de la legislación. En junio, sostuvo que el texto respetaba la Constitución porque no eliminaba los delitos ni anulaba las condenas, y remarcó que el Congreso tiene autonomía para fijar criterios sobre la aplicación de las penas.
(Con información de EFE)
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