
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio por concluido el procedimiento contra Guatemala por presuntos incumplimientos de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, un caso que se inició en 2012 y que volvió a activarse en 2023. La decisión fue adoptada el 16 de noviembre en Ginebra, Suiza, por el Consejo de Administración del organismo.
El presidente Bernardo Arévalo informó sobre la resolución durante La Ronda de este 19 de noviembre en el Palacio Nacional de la Cultura y señaló que el cierre del expediente puede tener efectos sobre la capacidad de crecimiento económico del país.
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“El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo decidió dar por terminada oficialmente la queja contra el Estado de Guatemala por presunto incumplimiento de convenios laborales”, afirmó el mandatario.
Arévalo agradeció el trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y de las organizaciones sindicales que participaron en el diálogo con las autoridades y los empleadores.

La OIT descartó una comisión de encuesta contra Guatemala
La decisión se tomó por consenso y evitó que el caso pasara a una comisión de encuesta, el mecanismo de investigación más estricto previsto por la OIT para los Estados acusados de vulnerar normas laborales internacionales.
La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, explicó que la delegación guatemalteca presentó ante el Consejo los avances logrados por la Inspección General de Trabajo y la Dirección General de Trabajo. También mencionó la intervención de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical.
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Ese espacio reúne a representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores para discutir asuntos vinculados con el cumplimiento de la legislación laboral y los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.

Según el Mintrab, las autoridades expusieron las medidas aplicadas desde noviembre de 2024 para cumplir la hoja de ruta acordada en torno a los derechos sindicales. La OIT resolvió cerrar el procedimiento sin enviar una misión investigadora al país.
El conflicto comenzó en 2012 por denuncias de violencia antisindical
La primera queja fue presentada ante la OIT en 2012 por delegados de los trabajadores, con base en el Convenio 87, que protege la libertad sindical. Las denuncias incluían hechos de violencia contra dirigentes gremiales, supuestas amenazas, asesinatos, despidos atribuidos a la actividad sindical y obstáculos para la inscripción de organizaciones.
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El expediente también incluyó cuestionamientos sobre dificultades para la negociación colectiva, materia protegida por el Convenio 98 de la OIT. En 2013, el Estado guatemalteco adoptó una hoja de ruta para atender las observaciones del organismo.
En 2017, las partes alcanzaron un acuerdo tripartito en Ginebra, lo que permitió cerrar una etapa del proceso en 2018. El caso volvió a abrirse en 2023 y se amplió para incorporar las denuncias vinculadas con la negociación colectiva.

Entre las organizaciones que participaron en el procedimiento figuraron la Central General de Trabajadores de Guatemala, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala y Unsitragua Histórica, integradas en la Mesa Sindical CSA.
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Guatemala deberá presentar informes anuales hasta 2029
Aunque cerró el procedimiento, la OIT mantendrá un esquema de supervisión sobre los compromisos asumidos por el Estado. Guatemala deberá presentar informes anuales hasta 2029 sobre la aplicación de los convenios 87 y 98.
El Consejo de Administración también respaldó un mecanismo de seguimiento con presencia de trabajadores, empleadores y autoridades gubernamentales, con asistencia técnica de la OIT.
Roquel sostuvo que los avances expuestos ante el organismo dieron lugar a un “voto de confianza” de los integrantes del Consejo.

La funcionaria advirtió que una comisión de encuesta pudo haber tenido repercusiones en el plano comercial, ante la atención que Estados Unidos y la Unión Europea prestan al cumplimiento de los derechos laborales en sus relaciones con Guatemala.
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La resolución deja bajo seguimiento internacional la aplicación de las reformas y medidas comprometidas por el país durante los próximos tres años.
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