
Ecuador acumula al menos 192 masacres y 676 personas asesinadas en ataques múltiples durante 2026, según información del Ministerio del Interior recopilada por Ecuavisa. El balance se conoció después del asesinato de cinco jóvenes dentro de una vivienda de Manta, una ciudad portuaria de la provincia de Manabí, donde hombres armados que utilizaban prendas similares a uniformes policiales y militares sometieron a las víctimas antes de dispararles. La nueva matanza ocurrió mientras el Gobierno mantiene medidas extraordinarias de seguridad en varias provincias del país para contener la violencia vinculada con las organizaciones criminales.
El ataque se produjo aproximadamente a las 22:30 del miércoles 4 de noviembre, en el barrio Costa Azul. Según la información proporcionada por el comandante de la Policía Nacional en Manabí, William Calle, los agresores llegaron en un vehículo, ingresaron al inmueble y obligaron a los cinco ocupantes a arrodillarse antes de asesinarlos. Los habitantes del sector reportaron haber escuchado más de veinte detonaciones. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de las víctimas, mientras los responsables habían escapado.
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La vivienda había sido alquilada apenas dos o tres días antes del crimen. Entre los fallecidos fueron identificados Andrés Leonardo Gorotila Cortez, de 22 años, y Ángel Jesús Aguilar Dueñas, de 26, ambos procedentes de Machala, capital de la provincia de El Oro. Según la información publicada por Ecuavisa, las autoridades también investigaban si otra de las víctimas provenía de Naranjal, en Guayas. Las identidades de los otros tres fallecidos permanecían pendientes de confirmación en los primeros reportes policiales.

Durante el levantamiento de indicios, los investigadores encontraron restos de municiones de nueve milímetros y una munición de fusil calibre 5,56, además de documentos y objetos personales. La Policía todavía no ha establecido públicamente el móvil del asesinato ni identificado a sus responsables. El ataque ocurrió aproximadamente una hora y media antes del inicio del toque de queda dispuesto entre la medianoche y las 05:00 en varias provincias, incluida Manabí.
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La matanza elevó el número de asesinatos múltiples registrados en Ecuador durante 2026 a 192 episodios, con al menos 676 víctimas mortales, de acuerdo con el balance difundido por Ecuavisa el 9 de noviembre. En 2025, las autoridades contabilizaron 274 masacres que dejaron 1.072 fallecidos, mientras que en 2024 se registraron 201 ataques de estas características, con 760 víctimas. Aunque el acumulado de este año es inferior al de los dos períodos anteriores, las cifras corresponden a intervalos de distinta duración y no permiten establecer por sí solas una reducción proporcional de la violencia.
Una comparación entre períodos equivalentes muestra que la frecuencia de los asesinatos múltiples continúa próxima a los niveles registrados durante 2025, considerado el año más violento de la historia reciente del país. Según un análisis de Primicias basado en los datos abiertos del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2026 ocurrieron 190 masacres, con 667 personas asesinadas, frente a 202 episodios y 767 víctimas durante los mismos meses del año anterior.
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Esto representa una disminución aproximada del 6 % en el número de ataques y del 13 % en las víctimas mortales. Sin embargo, los registros muestran que durante los primeros nueve meses de 2026 ocurrió, en promedio, una masacre cada 34 horas. En ese período, Ecuador también contabilizó 6.285 homicidios intencionales, frente a los 6.838 registrados entre enero y septiembre de 2025, una reducción del 8,1 %.

La investigación de Primicias identificó agosto como el mes con mayor cantidad de asesinatos múltiples desde 2014, con 32 episodios y 117 víctimas. Los ataques más letales de 2026 dejaron hasta ocho fallecidos por evento, mientras que durante 2025 se registraron matanzas con hasta 17 víctimas. Entre los casos más graves figuran el hallazgo de ocho jóvenes desaparecidos de Daule cuyos cuerpos aparecieron en una zona rural de Babahoyo, así como el descubrimiento de ocho personas asesinadas en una zona minera de Pucará, en la provincia andina de Azuay.
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La violencia presenta una marcada concentración territorial. Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos reunieron el 83,7 % de las masacres registradas entre enero y septiembre, según el análisis de los datos oficiales. Guayas concentró el 43,2 % de los episodios nacionales y Guayaquil, su capital, representó el 23,5 %. Las cuatro provincias se encuentran en una región estratégica para las actividades portuarias, el transporte de mercancías y las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Los registros también muestran que las armas de fuego fueron utilizadas en el 89,4 % de los ataques múltiples. En 57 de los 190 episodios registrados durante los primeros nueve meses hubo al menos una víctima menor de edad, con un total de 75 niños y adolescentes asesinados. Aproximadamente dos tercios de las masacres correspondieron a ataques que dejaron tres personas fallecidas.
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Los informes de las Fuerzas Armadas incorporados en las disposiciones oficiales sobre el estado de excepción relacionan buena parte de estos crímenes con disputas entre estructuras delictivas por el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas, la extorsión, los secuestros y la minería ilegal. Entre las organizaciones mencionadas por las autoridades figura Los Lobos, cuya presencia ha sido identificada en varias provincias de la Costa ecuatoriana.
Los documentos militares advierten que las organizaciones criminales mantienen estructuras descentralizadas que les permiten reemplazar integrantes detenidos, reorganizar sus operaciones y trasladar actividades ilícitas hacia territorios con menor presencia estatal. También señalan que persisten las redes de abastecimiento y almacenamiento de armas, municiones y explosivos utilizadas para cometer ataques armados.
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En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha recurrido a estados de excepción, restricciones de movilidad y operativos conjuntos entre policías y militares. El Decreto Ejecutivo 519 dispuso un toque de queda del 1 al 10 de noviembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias donde las autoridades identificaron una persistente actividad de organizaciones criminales.
Los asesinatos múltiples, sin embargo, continuaron durante la vigencia de estas medidas. Además del ataque de Manta, cuatro personas murieron en Durán, en la provincia de Guayas, cuando hombres armados atacaron una celebración de cumpleaños con artefactos explosivos. En septiembre, otros cuatro integrantes de una familia fueron asesinados en Lomas de Sargentillo por agresores que también habrían utilizado prendas similares a uniformes policiales.
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