
La Contraloría General de la República ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por más de $20.783 millones, luego de las alertas sobre presuntas fallas técnicas, incumplimientos, equipos que no habrían entrado en funcionamiento y posibles sobrecostos en varias adquisiciones.
La decisión fue anunciada el 9 de noviembre por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien dispuso actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre compras de tecnología, un helicóptero no tripulado y mobiliario para las instalaciones de la entidad en Funza.
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La medida surgió después de las revelaciones de Noticias Caracol sobre un informe de empalme de la DNI que contenía cuestionamientos a la contratación de la entidad. El documento incluyó advertencias sobre problemas en un helicóptero no tripulado, la adquisición de sistemas antidrones, computadores y una plataforma de identificación biométrica que no habría entrado en operación.

La Contraloría solicitó los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías relacionadas con los contratos. Con esos documentos, buscará establecer si hubo deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o un posible daño al patrimonio público.
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos”, afirmó Laverde Vargas. El contralor señaló que la reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, aunque no puede impedir el control sobre el uso de los recursos.
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El helicóptero no tripulado concentra el contrato de mayor valor
La contratación de mayor cuantía corresponde a un helicóptero no tripulado adquirido por cerca de $9.000 millones. El equipo estaba destinado a recolectar imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.
La Contraloría revisará las condiciones de compra, el cumplimiento de las características técnicas, la aplicación de garantías y las circunstancias de un siniestro ocurrido en marzo de 2026.
La información divulgada sobre el contrato señaló que un informe técnico de agosto de 2025 detectó problemas en los sistemas de comunicaciones, combustible, caja de engranajes y motor. Esas deficiencias habrían impedido realizar una prueba de vuelo debido a condiciones de seguridad.
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El aparato sufrió un siniestro el 15 de marzo de 2026. El 13 de abril, la DNI comunicó a la aseguradora HDI que adelantaba una revisión para determinar las causas y el alcance de lo ocurrido.
También se cuestionó que la aeronave estuviera asegurada por $900 millones, equivalentes al 10% de su valor de adquisición. La entidad de control deberá establecer si las condiciones del contrato protegieron los recursos comprometidos y si el equipo cumplió la finalidad para la que fue adquirido.
La revisión incluye sistemas antidrones, computadores y biometría
La Contraloría también verificará la compra de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones. El examen abarcará las características de los equipos, sus condiciones de entrega, funcionamiento, uso efectivo y correspondencia con las necesidades de la DNI.
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Otra de las adquisiciones bajo vigilancia es el Contrato 043 de 2024, por unos $1.314 millones, para la compra de 595 computadores. Las verificaciones se concentrarán en denuncias sobre posibles problemas de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimientos de las especificaciones técnicas.
El organismo revisará las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos. La información que dio lugar a la actuación puso en duda si los computadores adquiridos reunían las exigencias establecidas por la entidad.
La lista incluye el Contrato 053 de 2022, por cerca de $580 millones, para adquirir un sistema de identificación biométrica. La Contraloría indagará por qué la plataforma no habría entrado en funcionamiento y evaluará su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI.
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Mobiliario para Funza y SIIC versión 2 también entraron bajo revisión
El quinto proceso corresponde a la compra de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. La vigilancia fiscal se enfocará en los estudios de mercado, los precios pagados, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes.
La entidad también revisará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), versión 2, además del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos invertidos. El comunicado no precisó el valor de ese sistema.
“Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública [y] producir resultados verificables”, sostuvo Laverde Vargas.
La Contraloría aclaró que la apertura de estas verificaciones no determina la existencia de irregularidades ni atribuye responsabilidades individuales. Si identifica un posible detrimento patrimonial, iniciará las actuaciones fiscales correspondientes. Si encuentra hechos con eventual relevancia penal o disciplinaria, trasladará la información a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.
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