Las cárceles latinoamericanas son cuarteles del crimen organizado y los Estados no consiguen retomar el control

Las prisiones de América Latina se han transformado en centros de mando y control del crimen organizado, desde donde jefes de pandillas y grupos armados transnacionales dirigen operaciones, reclutan nuevos integrantes y acumulan poder con mayor seguridad que en las calles. Esa es la conclusión central de un documento de política publicada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida (FIU), firmado por Douglas Farah y Pablo Zeballos, de IBI Consultants, LLC.

El crimen organizado convirtió las cárceles en feudos con piscinas y zoológicos

El informe reconstruye una transformación estructural: en las últimas dos décadas, los centros de reclusión dejaron de ser depósitos de personas condenadas para convertirse en cuarteles generales de estructuras criminales que controlan territorios, economías ilícitas y flujos de comunicación. La población penitenciaria de la región creció más del 75% entre 2010 y 2020 sin que esa expansión viniera acompañada de mayor capacidad institucional ni de un análisis estratégico sobre la eficacia del encarcelamiento masivo.

Dos casos ilustran el fenómeno con precisión. José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», lideró su organización desde la cárcel de Guayaquil, Ecuador, donde disponía de una cancha de fútbol de tamaño reglamentario, comidas preparadas por encargo y acceso irrestricto a teléfonos celulares. Héctor «Niño» Guerrero dirigió el Tren de Aragua (TdA) desde la prisión de Tocorón, en Venezuela, entre 2010 y 2023, instalado en una casa de dos pisos con piscina, zoológico y campo de béisbol. Guerrero fue asesinado en junio de 2026.

Guardias controlan solo el perímetro mientras los presos gobiernan el interior

En las instalaciones visitadas en Centroamérica, Chile y Uruguay, el personal de seguridad custodia únicamente la periferia del edificio. El interior —la distribución de celdas, los alimentos, las visitas conyugales, el acceso a artículos de higiene, drogas y teléfonos— está en manos de las propias organizaciones criminales. Farah y Zeballos describen esta situación como una decisión deliberada del Estado: ceder el control interno a cambio de menos violencia y menores costos operativos.

Ese repliegue tiene un precio. Los líderes de los grupos armados transnacionales integrados en las comunidades (CETAG), que el informe define como estructuras ubicadas entre las pandillas callejeras y los carteles transnacionales, encontraron en las prisiones un entorno más seguro y rentable que las calles. Desde allí coordinan actos de violencia, administran economías intrapenitenciarias y ordenan represalias contra rivales o testigos en el exterior.

Alrededor del 43% de los reclusos no ha sido juzgado y alimenta el reclutamiento criminal

El hacinamiento no es solo una consecuencia del crimen: es también su combustible. Alrededor del 43% de los encarcelados en la región no ha recibido condena, y en muchos casos ni siquiera ha sido sometido a juicio. La prisión preventiva, aplicada como condición predeterminada y no como medida excepcional, obliga a personas acusadas de delitos menores a convivir con estructuras criminales consolidadas. El resultado, según el informe, es previsible: quien ingresa como imputado sale con deudas, obligaciones y vínculos con pandillas.

Esa reserva de reclutas potenciales se amplía con la corrupción del personal penitenciario, la incapacidad de los sistemas judiciales para procesar causas con celeridad y la falta de financiamiento estatal para sostener condiciones dignas de reclusión. El control criminal sobre los espacios se sostiene, además, porque los grupos ofrecen lo que el Estado no provee: alimentos, crédito, protección y un sentido de pertenencia.

La expansión transnacional del TdA y otros grupos complejiza la gobernanza penitenciaria

El Tren de Aragua expandió su modelo desde Venezuela hacia Colombia, Ecuador y Chile. Pandillas dominicanas como Dominicans Don’t Play (DDP) se extendieron por el Caribe y el norte de Sudamérica. En cada nuevo país donde sus líderes fueron arrestados, reprodujeron el esquema de control carcelario, generalmente desde prisiones remotas cercanas a zonas fronterizas. El informe denomina este fenómeno «exocriminalidad»: una expansión que no depende de planificación centralizada, sino que aprovecha crisis sociales, migración masiva y colapso institucional.

Ecuador es citado como el caso más agudo. Los motines penitenciarios registrados en ese país en los últimos años no son simples episodios de violencia intramuros: revelan organizaciones capaces de coordinar acciones simultáneas en múltiples instituciones, con conexiones directas con territorios exteriores y mercados criminales.

El modelo de megacárcel de Bukele se replica sin sus condiciones únicas

La administración de Donald Trump ha designado a varias de estas estructuras como organizaciones terroristas, entre ellas la MS-13 y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Esas designaciones, seguidas por medidas similares en los países de origen de las pandillas, aceleraron el encarcelamiento sin un aumento proporcional de la capacidad penitenciaria. El resultado es una carrera regional por replicar el modelo de megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con Costa Rica, Guatemala y Ecuador ya en construcción de nuevas unidades.

El informe advierte, sin embargo, que el modelo tiene condicionantes difícilmente transferibles: el tamaño reducido de El Salvador (menor que el estado de Misuri), una población lingüística y culturalmente homogénea, una estructura de pandillas jerárquica e identificable, y un sistema jurídico que habilita la suspensión indefinida de derechos civiles básicos desde 2022. Bajo ese régimen de excepción, la población penitenciaria salvadoreña alcanzó aproximadamente 118.000 detenidos, equivalente al 1,9% de los habitantes del país. Las tasas de criminalidad cayeron de forma drástica, pero organizaciones de derechos humanos documentaron unas 400 muertes dentro de las prisiones entre 2022 y 2024, además de tortura sistemática y juicios masivos con garantías procesales cuestionadas.

La inteligencia penitenciaria, el recurso que los Estados de la región no han usado

Farah y Zeballos plantean que la represión como respuesta exclusiva es insuficiente y que el foco en el control físico del espacio carcelario deja sin atender la dimensión más crítica: las estructuras de mando, los flujos financieros y las comunicaciones desde y hacia el interior de las prisiones. «El principal centro de gravedad, el nexo de control del crimen organizado, se encuentra dentro de los complejos penitenciarios», señaló un analista de seguridad ecuatoriano citado en el informe.

La propuesta central es desplegar herramientas de inteligencia especializada —no utilizadas hasta ahora pese a las designaciones terroristas— para identificar líderes, rastrear economías ilícitas y anticipar transformaciones organizacionales. El informe cita la experiencia italiana con la mafia como referencia imperfecta pero útil para separar a líderes de sus clanes y seguir los flujos de dinero.

Reformar la prisión preventiva para reservarla a casos de peligrosidad real o riesgo de fuga reduciría además la sobrepoblación y la reserva de reclutas disponibles para las organizaciones criminales. «La región no necesita prisiones más blandas ni prisiones más duras. Necesita prisiones que el Estado pueda realmente administrar con éxito», concluye un estudio citado en el documento.