El Ejecutivo español concedió este viernes la nacionalidad a Félix Alejandro Maradiaga Blandón, dirigente opositor nicaragüense, quien fue privado de la ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega, según datos de la agencia EFE.
El Boletín Oficial del Estado publicó el decreto que otorga la nacionalidad española a Maradiaga y a otros políticos latinoamericanos y estadounidenses, entre ellos Julissa Reynoso Pantaleón, exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra. También recibieron esta nacionalidad el exdiputado y opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez y la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, “en atención a sus circunstancias excepcionales”.
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En el caso de los nicaragüenses, España ha concedido la nacionalidad a más de 200 personas que quedaron apátridas por decisión del régimen de Nicaragua. Entre los beneficiarios figuran políticos, activistas sociales, periodistas, religiosos y defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con EFE, la concesión se realiza mediante carta de naturaleza, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Esta vía tiene carácter “graciable” y no está sujeta a las normas generales de adquisición de la nacionalidad, ya que corresponde al Gobierno valorar de forma discrecional la existencia de circunstancias excepcionales.
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Félix Maradiaga se quedó sin la ciudadanía nicaragüense en febrero de 2023, cuando el régimen de Daniel Ortega lo envió a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos. La medida se apoyó en la acusación de que había violado la Ley 1055, una norma utilizada por el oficialismo contra opositores, a quienes califica como “traidores a la patria”.
Según la resolución judicial divulgada, los excarcelados habían cometido actos que, para el Estado, menoscababan la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, e incluían supuesta incitación a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica. Maradiaga había sido precandidato presidencial opositor en 2021 y fue detenido antes de las elecciones, en el marco de la ofensiva contra dirigentes que podían desafiar a Ortega
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La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó el 9 de febrero de 2023 una reforma al artículo 21 de la Constitución y la Ley 1145, que estableció la pérdida de la nacionalidad para quienes fueran condenados bajo la Ley 1055. El nuevo texto indicó que “los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.
Maradiaga sostuvo que él y otros liberados no fueron informados de que serían privados de su ciudadanía antes de abordar el avión. Relató que firmaron un documento breve que señalaba una salida voluntaria hacia Estados Unidos y que conocieron el alcance de la decisión una vez fuera de Nicaragua.
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El apoyo de España
Un seguimiento de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado cifró en 214 el número de nicaragüenses exiliados o expulsados que habían recibido la nacionalidad española desde 2023 hasta comienzos de noviembre de 2026. El registro incluye a personas despojadas de la ciudadanía y trasladadas fuera del país.
La cifra se relaciona con la política de desnacionalización aplicada por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores y críticos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en diciembre de 2024 que, desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses habían sido despojados oficialmente de su nacionalidad, una medida que dejó a muchos de ellos en situación de apatridia y sin posibilidad de obtener documentación emitida por su país de origen.
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La desnacionalización alcanzó inicialmente a más de 200 presos políticos expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023 y, posteriormente, a otras 135 personas trasladadas a Guatemala en septiembre de 2024, además de opositores, periodistas y dirigentes sociales que permanecían en el exilio.
De acuerdo con datos oficiales, los nicaragüenses se ubican entre los diez grupos de extranjeros que más obtuvieron la ciudadanía española en 2025.
España también ha concedido protección internacional a 5,747 nicaragüenses entre 2018 y 2025, después de recibir 20,931 solicitudes de asilo de ciudadanos de esa nacionalidad.
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