El ex hombre fuerte de los gobiernos de Sebastián Piñera volvió a prisión preventiva acusado de soborno

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles que el abogado penalista Luis Hermosilla vuelva a prisión preventiva, acusado esta vez por presuntos delitos de cohecho y soborno por su rol en una eventual red de gestiones e intercambio de información reservada, en la que también aparecen el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La decisión se produjo luego de tres días de audiencia en que las partes expusieron sus argumentos. Los querellantes - Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez-, plantearon que Hermosilla habría actuado como funcionario público en 11 de los 15 delitos de cohecho atribuidos, pese a que su relación contractual con el gobierno no le confería formalmente esa condición.

La defensa, en tanto, destacó la colaboración que el penalista habría prestado durante las distintas diligencias y solicitó conservar el arresto domiciliario parcial y el arraigo nacional, decretadas por su participación en el Caso Audios.

Después de escuchar a los intervinientes, la magistrada resolvió imponer la prisión preventiva, al estimar que la libertad del imputado constituía un riesgo para la sociedad.

Conversaciones de WhatsApp, gestiones judiciales y favores cruzados

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica, examina una serie de actuaciones realizadas entre 2016 y 2021 que habrían tenido como propósito influir en causas judiciales, acceder a información reservada y conseguir beneficios mediante contactos personales y políticos.

Durante las tres jornadas de formalización, el Ministerio Público presentó antecedentes correspondientes a 15 hechos, respaldados principalmente por conversaciones de WhatsApp. En esos registros también aparece Chadwick, primo hermano y exministro del Interior durante el último gobierno de Sebastián Piñera, quien figura como imputado, aunque todavía no ha sido formalizado en esta arista.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a una relación de intercambios entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, cuyos contactos habrían facilitado determinadas gestiones relacionadas con investigaciones de interés público durante la administración del expresidente Piñera.

Entre los asuntos mencionados en la audiencia figuran el Caso Penta y las investigaciones penales originadas tras el estallido social.

Para los persecutores, el eventual mecanismo de corrupción no necesariamente dependía de transferencias de dinero por cada intervención. La tesis apunta a que los participantes habrían acumulado compromisos mediante gestiones y favores que podían ser retribuidos posteriormente.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, precisó que la formalización de Hermosilla en esta causa se concentra en los delitos de soborno y que el componente patrimonial quedó fuera de esta investigación específica.

“Con esos favores generaron una suerte de cuenta de ahorro corruptiva para después cobrar a su vez con otros favores. Es una forma de corrupción que evidentemente es incluso peor que la que podría resultar de un simple pago económico”, afirmó Carrera.

La contratación de Guerra en la Universidad San Sebastián

Uno de los episodios que concentró parte de la discusión fue la incorporación posterior de Manuel Guerra a la Universidad San Sebastián. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) relacionó ese antecedente con la figura de un eventual cohecho subsecuente y lo utilizó para respaldar su petición de prisión preventiva contra Hermosilla.

El abogado querellante del organismo, Rodrigo Álvarez, expuso que los mensajes examinados mostrarían conversaciones previas sobre la contratación del exfiscal y eventuales gestiones para concretarla.

“Conversan sobre la futura contratación y en un momento el señor Hermosilla le pregunta literalmente si es necesario empujar algo. El señor Guerra responde que no, que Andrés ya habló con ellos y al día siguiente aparece ya contratado y lo felicitan con un sueldo completamente desajustado a los parámetros”, detalló Álvarez.

Desde la perspectiva del CDE, esos antecedentes permitirían examinar si la contratación pudo constituir una contraprestación posterior a las actuaciones investigadas. El organismo consideró este punto entre los elementos que justificaban aplicar la medida cautelar más gravosa contra el penalista.

Andrés Chadwick sigue como imputado, pero sin formalización

La situación del exministro Andrés Chadwick constituye otro de los aspectos relevantes de la investigación. Su nombre aparece en los mensajes presentados por los persecutores y en las gestiones que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, habrían desarrollado los involucrados.

La Fiscalía reconoció que existen antecedentes relacionados con el exsecretario de Estado, quien mantiene la calidad de imputado en la causa. Sin embargo, aclaró que todavía no ha resuelto si corresponde formalizarlo.

La distinción es relevante: pese a las referencias a Chadwick en las conversaciones y en la teoría investigativa, hasta ahora no se han comunicado formalmente cargos en su contra ante el tribunal por estos hechos.