El recuento del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado hasta el 23 de octubre, registra a 20 indígenas y habitantes de la Costa Caribe encarcelados por motivos políticos en Nicaragua. Entre ellos figuran autoridades comunitarias, guardabosques y defensores territoriales.
La concentración de detenciones entre los pueblos originarios de la Costa Caribe representa el 27.8% de las 72 personas registradas como presas políticas. Según Diario La Prensa, las organizaciones indígenas vinculan estos arrestos con la disputa por las tierras comunales, los recursos naturales y la autonomía de la región.
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Mayangna Sauni As concentra 11 de los casos documentados
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) señaló que 11 de las personas encarceladas pertenecen al territorio Mayangna Sauni As, situado en el área de la Reserva de Biosfera de Bosawas.
La organización añadió que al menos dos casos más no fueron incluidos en el registro público porque sus familias optaron por guardar silencio. Para el GREX, ese contexto favorece la inmovilización de las comunidades ante las denuncias por invasiones y despojos territoriales.
“El alto número de prisioneros originarios del Caribe muestra la ofensiva por la desarticulación y el control social de las poblaciones indígenas de la Costa Caribe”, sostuvo el GREX, según recogió Diario La Prensa.
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El grupo afirmó que la presión sobre las comunidades no se limita a las detenciones. También busca restringir la capacidad de sus integrantes para reclamar derechos colectivos y cuestionar las actividades que afectan a sus territorios.
La defensa de las tierras indígenas alcanza a autoridades y guardabosques
El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) describió la represión en la Costa Caribe como parte de una disputa histórica por el control político de la zona, sus tierras, recursos naturales y formas de gobierno autónomo.
El organismo señaló que la visión centralista ha tratado a la región como un espacio disponible para la explotación, sin reconocer los derechos históricos de los pueblos que habitan allí ni la existencia de tierras de propiedad comunal y autoridades propias.
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Las actividades extractivas y los intereses económicos sobre esos territorios, indicó OPIA, han profundizado los conflictos con las comunidades que defienden sus derechos frente a las invasiones de tierras indígenas.
La entidad sostuvo que no existe un único perfil entre las personas perseguidas. Los arrestos alcanzan a quienes participan en la protección territorial, ejercen cargos comunitarios o denuncian afectaciones contra las propiedades comunales.
“Encontramos guardabosques, autoridades comunales, defensores territoriales y hasta un asesor presidencial”, indicó OPIA al referirse al caso de Steadman Fagoth, detenido después de denunciar invasiones de tierras indígenas mientras ocupaba ese cargo.
Para el observatorio, ese caso muestra que la persecución trasciende la militancia partidaria. También alcanza a quienes desarrollan tareas de protección ambiental, defensa territorial o representación comunitaria.
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El encarcelamiento de dirigentes debilita la representación indígena
OPIA también vinculó la situación con el debilitamiento de la organización política indígena independiente en la Costa Caribe. La entidad recordó la trayectoria de resistencia regional frente a decisiones impuestas desde el poder central.
En ese análisis, mencionó a Yatama como una de las expresiones políticas con mayor capacidad de convocatoria y competencia electoral en la región durante décadas.
La cancelación de esa organización y el encarcelamiento de sus dirigentes, según el observatorio, redujeron los espacios de representación política de los pueblos indígenas dentro de la Costa Caribe.
Un directivo de OPIA consideró que la situación afecta la posibilidad de que las comunidades participen en las decisiones sobre sus tierras, sus recursos y el ejercicio de la autonomía regional.
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El organismo advirtió que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes pierden efectividad cuando no existen condiciones para que las comunidades puedan administrar sus territorios y decidir sobre sus recursos sin presiones.
Siete personas vinculadas con Brooklyn Rivera continúan detenidas
El GREX manifestó preocupación por la situación de siete familiares y allegados del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia del régimen. Esas personas fueron arrestadas cuando intentaban reclamar su cuerpo, de acuerdo con el análisis de la organización.
El grupo consideró que las detenciones funcionaron como una advertencia para las poblaciones miskitas y reforzaron el silencio frente a los abusos denunciados en la región.
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OPIA afirmó que impedir que Rivera fuera despedido y sepultado en su territorio afectó tanto a su familia como a la memoria colectiva del pueblo miskito, debido a su trayectoria dentro del movimiento autonómico.
La organización sostuvo que ese episodio se inserta en un deterioro de las garantías para el ejercicio de la autonomía y la preservación de las estructuras propias de las comunidades indígenas.
El recuento alerta por desapariciones y condiciones de encierro
La actualización del mecanismo registró a 33 personas en condición de desaparición forzada, sin información oficial verificable sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su detención.
El registro también incluye a 16 adultos mayores, de los cuales ocho permanecen desaparecidos, y a dos menores de edad entre las personas encarceladas por razones políticas.
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El mecanismo advirtió sobre enfermedades graves, restricciones para acceder a atención médica, alimentos en mal estado, agua no apta para el consumo, aislamiento y castigos en los centros de detención.
La entidad exigió la excarcelación inmediata de todas las personas presas políticas, pruebas de vida para quienes permanecen desaparecidas y medidas que protejan su salud e integridad.
El documento aclara que el registro corresponde a los casos que pudieron ser identificados. Por esa razón, no establece que la lista refleje la totalidad de las detenciones por razones políticas en Nicaragua.
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