Chile: la oposición confirmó un juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a delincuentes

Pese a que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió a ultranza este miércoles en el Congreso su postura basada en fallos anteriores de la Corte Suprema para explicar las rebajas de condenas a 56 pederastas, tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes que aseguraron ser del Tren de Aragua -buena parte de los cuales quedaron en libertad-, la centroizquierda en pleno anunció una Acusación Constitucional (AC) en su contra, asunto que también tensiona las relaciones entre los partidos oficialistas.

En su intervención ante la Cámara de Diputadas y Diputados, Rabat no ofreció disculpas por los beneficios concedidos ni calificó como equivocada su aprobación. Reconoció, eso sí, una falencia en el mecanismo: la ausencia de participación de las víctimas en el procedimiento, y también admitió haber modificado su postura inicial que apuntaba a rechazar las solicitudes, tal como lo hizo la cartera de Justicia en la administración de Boric.

En el contraataque, trasladó parte de la responsabilidad al Congreso -al que reprochó no haber solucionado las dificultades surgidas con la aplicación de la reforma de 2022-, sostuvo que su cartera debía acatar las resoluciones previas de la Corte Suprema y de paso, recordó que durante la administración anterior también se concedieron rebajas de condena, incorporando ese antecedente a su defensa.

El juicio político

El anuncio de la AC se produjo después de que el ministro concluyera su presentación en la Sala y la encargada de comunicar la decisión fue Daniela Serrano, jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, quien cuestionó los argumentos expuestos por el titular de Justicia.

“Nosotros ya iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable. Se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y, por tanto, de manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional“, anunció.

Serrano también abordó el proyecto de resolución aprobado por la Cámara, mediante el cual se solicitó la salida de Rabat y de los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos. Según la parlamentaria, esa medida resulta insuficiente frente a la controversia.

“No nos basta, acá hay que buscar la responsabilidad política hasta el final”, afirmó taxativa.

“Sabemos que este Gobierno, una vez que saca a sus ministros de Estado, los pone de asesores, y no de cualquier tipo de asesor, en el segundo piso, o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Así que, por un tema de convicción política y también de resguardo a las víctimas, nosotros y nosotras vamos a perseverar”, acusó.

De est amanera, la resolución, aprobada con 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, exige al presidente José Antonio Kast “ejercer las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, en particular, solicitar la renuncia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Fernando Rabat Celis, así como también al señor Subsecretario de Justicia, don Luis Silva Irarrazával, y del señor Subsecretario de Derechos Humanos, don Pablo Mira Hurtado”.

Tensión en el oficialismo

La continuidad del ministro no solo abrió un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y la oposición, sino que también profundizó las diferencias al interior de la coalición oficialista, luego de que parlamentarios de Chile Vamos (RN+UDI+Evópoli), insistieran en pedir la renuncia de Rabat, pese al respaldo expresado por el presidente Kast.

En las filas republicanas existe malestar por la posición adoptada por sus socios. Según se reconoce en el sector, las solicitudes públicas para que Rabat deje el cargo han alimentado un clima de desconfianza y cuestionamientos entre las colectividades que sustentan al Gobierno. La discusión incluso puso nuevamente sobre la mesa las dudas respecto de una eventual alianza más amplia entre Republicanos, Renovación Nacional (RN) y la UDI.

En RN, donde la discusión provocó diferencias internas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, puso paós fríos y recordó que “es el presidente de la República el que toma la decisión. Los problemas internos nuestros, obviamente, que se conversan internamente y también se solucionan internamente”.

La UDI también enfrenta dificultades para ordenar su postura. Su presidente, Guillermo Ramírez, reconoció que la colectividad atraviesa un escenario político complejo, especialmente después de que parlamentarios de su propia bancada se sumaran a las voces que piden la salida del ministro.

“Es un momento difícil, no vale la pena esconderlo”, admitió.

Las etapas de una AC

La AC es un mecanismo establecido en la Constitución para perseguir la responsabilidad de determinadas autoridades públicas cuando se les atribuyen delitos, infracciones constitucionales o legales, o abusos de poder cometidos en el desempeño de sus funciones.

La herramienta puede dirigirse contra gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes y delegados presidenciales, entre otras autoridades contempladas en la normativa.

Su presentación requiere el patrocinio de un grupo de entre 10 y 20 diputados y el procedimiento puede iniciarse en contra de una autoridad mientras se encuentre en ejercicio o hasta tres meses después de haber dejado el cargo. Durante ese período, no puede abandonar el país sin autorización de la Cámara. Para los presidentes de la República, el plazo posterior al término de su mandato se extiende a seis meses.

Una vez ingresado el documento, la Cámara de Diputadas y Diputados debe designar una comisión de cinco integrantes para examinar sus fundamentos y emitir un informe. La autoridad cuestionada, por su parte, debe ser notificada y dispone de hasta diez días para comparecer personalmente o presentar su defensa por escrito.

Posteriormente, la comisión analiza los antecedentes y se pronuncia sobre la acusación. La Cámara debe destinar sesiones al conocimiento y debate del asunto, instancia en la que la autoridad puede cuestionar la procedencia formal del procedimiento y “deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.

Si los diputados acogen ese planteamiento, el proceso termina. Si lo rechazan, la tramitación continúa y la Sala debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación.

En caso de superar esa etapa, el asunto pasa al Senado, que actúa como jurado y debe resolver si la autoridad es culpable de las infracciones o abusos que se le imputan. La decisión requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, mientras que las acusaciones contra un presidente o un gobernador exigen el respaldo de dos tercios.

Una declaración de culpabilidad implica la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años.