El Ministerio Público confirmó la liberación de fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil retenidos por pobladores de Camanchaj, en Quiché, durante un operativo contra el contrabando. El personal recuperó su libertad la noche del miércoles 28 de octubre, tras una negociación con los comunitarios que exigían la devolución de la mercadería incautada y la excarcelación de dos detenidos.
La crisis se originó durante allanamientos realizados los días 27 y 28 de octubre por la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, con apoyo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Las diligencias terminaron con el decomiso de productos y dos capturas en la comunidad de Camanchaj, en Chichicastenango.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras pidió la liberación inmediata de los funcionarios y reclamó respeto por su vida e integridad. La organización sostuvo que ningún reclamo habilita actos de violencia o coacción contra quienes participan en procedimientos oficiales.
La liberación fue resultado de las gestiones encabezadas por fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango. El Departamento de Comunicación del Ministerio Público indicó que los funcionarios fueron puestos en libertad “ayer en altas horas de la noche”, luego de las conversaciones con los pobladores, de acuerdo con medios de comunicación en Guatemala.
Los reclamos por la mercadería decomisada y las capturas
Los líderes comunitarios cuestionaron el resultado del operativo y reclamaron la restitución de los bienes decomisados, además de la liberación de los dos detenidos. Ante la negativa inicial a esas exigencias, un grupo de pobladores retuvo al personal que había intervenido en las diligencias.
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El Ministerio Público confirmó que entre los afectados había fiscales y agentes policiales, aunque no precisó cuántas personas fueron retenidas. Tampoco confirmó la presencia de trabajadores de otras instituciones que, según versiones preliminares difundidas por medios locales, también habrían quedado bajo custodia de los comunitarios.
Esos reportes señalaban que el grupo podía incluir a tres fiscales, tres trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, seis integrantes de la Superintendencia de Administración Tributaria y hasta 80 agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades no validaron oficialmente esas cifras ni la participación de personal de Salud o de la SAT entre los retenidos.
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La tensión aumentó cuando uno de los fiscales difundió un audio para pedir ayuda. En la grabación, revelada por Prensa Libre, se escucha al funcionario solicitar una respuesta ante el reclamo de los comunitarios: “Jóvenes, por favor, respondan, respondan. Denos solución a la devolución de la mercancía”.
El fiscal alertó sobre el riesgo de que el personal fuera despojado de su ropa y azotado si no se atendían las demandas. El Ministerio Público informó que activó las diligencias necesarias para garantizar el bienestar de sus funcionarios y de los agentes de la Policía Nacional Civil involucrados.
Bloqueos, daños y condena empresarial
Los incidentes se extendieron más allá de Camanchaj. Reportes locales indicaron bloqueos en la ruta que conecta esa comunidad con Chicúa y Los Encuentros, en Sololá, donde se habrían producido enfrentamientos entre pobladores y agentes antimotines que intentaban habilitar el tránsito.
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Un autobús utilizado como apoyo policial sufrió daños tras ser atacado con piedras. La circulación vehicular permaneció interrumpida durante horas en los sectores de Chicua I y Camanchaj.
La Policía Nacional Civil no difundió detalles sobre los hechos ni sobre las acciones realizadas en el lugar para resolver la retención. Hasta el momento de la liberación, tampoco se había informado el estado de salud de los fiscales y agentes ni el número total de personas alcanzadas por la medida.
La Cámara del Agro de Guatemala rechazó lo ocurrido y afirmó que el contrabando y la defraudación aduanera perjudican a los productores nacionales, la competencia leal y los ingresos del Estado. La entidad respaldó las acciones legales contra esas prácticas.
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AmCham Guatemala también condenó la retención y las amenazas contra los funcionarios, al considerar que vulneraban el Estado de derecho. La organización rechazó específicamente los reportes sobre posibles agresiones con azotes contra fiscales del Ministerio Público.
Las tres entidades integran el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero. Tras la liberación, el Ministerio Público no informó si iniciaría acciones legales contra los responsables de la retención.
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