
La detención de un alcalde en funciones figura entre los resultados de una operación contra el presunto lavado de activos ejecutada este miércoles 28 de octubre en Ecuador. Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde del cantón Vinces, en la provincia costera de Los Ríos, fue aprehendido durante una serie de allanamientos simultáneos que dejaron 15 detenidos. El Gobierno ecuatoriano sostiene que el funcionario encabezaba una estructura que habría movilizado aproximadamente USD 3,22 millones a través del sistema financiero nacional entre 2019 y 2026.
La intervención, denominada Gran Fénix 066, fue desarrollada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en las provincias de Los Ríos, Guayas y Azuay. Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, el operativo comprendió 21 allanamientos, la intervención de dos personas jurídicas y el inicio de procedimientos relacionados con la posible incautación de bienes vinculados a la investigación. Entre los detenidos también constan personas del entorno familiar y societario del alcalde.
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Las investigaciones apuntan a la utilización de Constructora Aldrensa S. A., una compañía que, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, había sido reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las autoridades sospechan que la empresa habría servido para canalizar recursos procedentes de actividades ilícitas e introducirlos en operaciones financieras aparentemente legales.
El Gobierno sostiene que los movimientos económicos detectados permitieron identificar un incremento patrimonial relacionado con la adquisición de bienes muebles e inmuebles durante los últimos siete años. Sin embargo, las autoridades todavía no han presentado públicamente un desglose de las transacciones investigadas ni han precisado qué proporción de los USD 3,22 millones correspondería efectivamente a recursos de origen ilícito.
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Uno de los componentes de la investigación corresponde a los presuntos vínculos financieros entre los integrantes de la estructura y personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada. Reimberg mencionó conexiones con individuos relacionados con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, además de personas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales que operan en Ecuador.
Estas relaciones forman parte de las hipótesis expuestas por el Ejecutivo y no constituyen, por sí mismas, una demostración de que Montalván integre alguna de esas organizaciones. Hasta el momento tampoco se han divulgado las operaciones bancarias específicas que sustentarían los vínculos señalados por el ministro.
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Durante las intervenciones, los agentes levantaron indicios que incluyen dinero en efectivo, documentación y armas de fuego. Según la información de El Universo, la Fiscalía había reportado inicialmente 18 inmuebles allanados y la emisión de 16 órdenes de detención, mientras que el balance comunicado por el Ministerio del Interior estableció posteriormente 21 intervenciones y 15 personas aprehendidas. Las diferencias corresponden a los reportes difundidos durante el desarrollo del operativo.
La investigación también tiene implicaciones en el ámbito político local. Montalván ejerce la Alcaldía de Vinces, un cantón de Los Ríos, provincia ubicada en la región costera ecuatoriana. Según publicó El Universo, el funcionario no participa como candidato a la reelección en los comicios seccionales previstos para el 29 de noviembre de 2026, debido a que ya cumplió dos periodos al frente del gobierno municipal. Su esposa, en cambio, busca sucederlo en el cargo.
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La detención ocurre aproximadamente un mes antes de esas elecciones, en las que los ecuatorianos escogerán nuevas autoridades locales. No obstante, las diligencias anunciadas corresponden a una investigación penal por presunto lavado de activos y las autoridades no han establecido públicamente una relación entre el procedimiento judicial y el proceso electoral.
El expediente deberá determinar el origen de los recursos, la participación individual de los investigados y la eventual existencia de operaciones destinadas a ocultar o justificar fondos ilícitos. También queda pendiente conocer el detalle de los bienes identificados y las medidas judiciales que puedan solicitarse sobre ellos.
Hasta la mañana de este miércoles, la Fiscalía no había comunicado una resolución judicial definitiva sobre la situación de los detenidos. La eventual formulación de cargos y las medidas cautelares dependerán de las actuaciones procesales correspondientes.
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