Chile: parlamentarios oficialistas piden la salida del ministro de Justicia por rebaja de condenas a pederastas

Por la cuerda floja camina estos días el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que su cartera rebajara la condena a 56 pederastas entre marzo y septiembre de este año aduciendo criterios previos de la Corte Suprema, y más aún tras la revelación de que también hubo rebajas de condenas a tres violadores de derechos humanos y tres delincuentes extranjeros que aseguraron ser del Tren de Aragua, la mayoría de los cuales quedó en libertad.

Ello, puesto que a pesar de que el presidente José Antonio Kast asumió la responsabilidad y optó por mantenerlo en su cargo, las críticas transversales no han parado y mientras la oposición alista una acusación constitucional (juicio político) en su contra, desde el oficialismo también le piden que dé un paso al costado

A lo reproches previos hechos por figuras de su mismo sector como la excandidata presidencial Evelyn Matthei, los senadores Rojo Edwards (IND-RN) y Enrique van Rysselberghe (UDI) y el diputado Diego Schalper (RN), este martes se sumaron las voces de los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI), quienes derechamente le pidieron a Rabat dejar el cargo.

“Por el bien del país, que tome la decisión y se aleje del cargo”, señaló Durán según consignó BioBíoChile, quien, eso sí, aclaró que mantiene su respaldo a la administración de Kast.

Sobre un eventual juicio político, en cambio, evitó anticipar una decisión y sostuvo que corresponde analizarla una vez que sea presentada formalmente.

De la misma opinión fue el diputado Omar Sabat (UDI), quien describió lo ocurrido como un “error garrafal” y advirtió sobre los riesgos que representa la salida anticipada de personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

En tanto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), también emplazó al Ejecutivo a reconsiderar la continuidad del secretario de Estado pues, a su juicio, su permanencia genera consecuencias políticas para el Gobierno y exige una respuesta que sitúe a las víctimas en el centro de las decisiones.

“La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, señaló taxativa.

Al cierre, la parlamentaria dijo esperar que el presidente Kast haga valer las responsabilidades correspondientes derivadas de la controversia, para así desactivar el juicio político en ciernes contra Rabat.

A pesar de las críticas el vocero, Gonzalo Arenas, ratificó esta jornada que el ministro de Justicia “cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro; él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional“.

Cadem: 77% desaprueba al ministro y 64% cuestiona que Kast lo mantenga

Los cuestionamientos políticos encontraron su correlato en la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este martes, la que arrojó un amplio rechazo a la gestión del ministro Rabat, y también a la determinación presidencial de mantenerlo en el gabinete.

De acuerdo con el sondeo, un 77% desaprueba el desempeño del titular de Justicia, mientras que apenas un 12% evalúa positivamente su gestión. Otro 11% no respondió la consulta.

La evaluación del Presidente José Antonio Kast tampoco quedó al margen de la controversia. Un 64% manifestó su desacuerdo con la decisión de mantener a Rabat en el cargo para encabezar la búsqueda de soluciones, frente a un 27% que respaldó la determinación del mandatario.

Incluso entre las personas que aprueban la gestión presidencial, la evaluación del secretario de Estado presenta diferencias. En ese grupo, un 45% desaprueba el desempeño del ministro y un 35% lo aprueba. Pese a ello, un 68% de quienes respaldan la gestión de Kast está de acuerdo con que Rabat permanezca en sus funciones.

Asimismo, un 94% de los encuestados estuvo en desacuerdo con las rebajas de condena.

Tocante a la responsabilidad del titular de Justicia en la firma de los decretos, un 79% considera que Rabat no estaba obligado a suscribirlos, mientras que un 14% sostiene la posición contraria.

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para enfrentar la situación, un 65% prioriza impedir que se otorguen nuevas reducciones de penas. A su vez, un 54% considera necesario buscar alternativas legales que permitan revertir los beneficios ya concedidos.

La encuesta también reveló que un 79% de los entrevistados cree que es necesario modificar la Constitución, a fin de evitar que hechos como este vuelvan a suceder en el futuro.