El Gobierno de Rodrigo Paz desconoce a Luis Montaño como fiscal de Bolivia y deja la sucesión en manos del Legislativo

El Gobierno de Bolivia desconoció la designación de Luis Montaño como fiscal general interino tras la detención de Roger Mariaca y dejó en manos de la Asamblea Legislativa la elección de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público.

La discusión se abrió después de la detención de Roger Mariaca, fiscal general elegido en 2024 para un mandato de seis años. Las autoridades lo acusaron de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio Público que, según el Gobierno, protegía actividades vinculadas con el narcotráfico.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, acusó a Montaño de ejercer funciones sin respaldo legal y sostuvo que intentó apartar a fiscales que investigaban a los detenidos. “De manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones auto declarándose como fiscal general”, dijo. “Esta persona (Montaño) está siendo buscada y va a ser detenida”, añadió el portavoz.

Además, advirtió que Montaño podía enfrentar consecuencias legales si interfería en las investigaciones. Más temprano, el vocero pidió esperar una evaluación jurídica sobre la sucesión. “Esperemos que se pronuncien las autoridades del caso, está todavía en evolución, tengamos paciencia”, declaró.

Mariaca fue arrestado junto a otras 13 personas durante un operativo que alcanzó a fiscales, funcionarios judiciales y al menos un jefe policial. Entre los detenidos figuró Alberto Zeballos, quien ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz. La Policía también buscó al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo.

Oviedo sostuvo que Mariaca convirtió la institución que dirigía en una “organización criminal destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. El ministro lo acusó además de ser “el cómplice, el protector y el colaborador” del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Las investigaciones se concentraron en presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El caso también quedó relacionado con las gestiones que rodearon a Marset, quien permaneció prófugo tras escapar de un operativo en Santa Cruz en 2023 y fue detenido en marzo de este año.

Poco antes del arresto de Mariaca circuló un video en el que Marset aparentemente se refirió al fiscal como su amigo y afirmó que le avisaba “lo que tiene que avisar”. Ese material no contó con una verificación independiente, pero se incorporó al contexto de las acusaciones públicas contra el entonces titular del Ministerio Público.

La detención ocurrió pocos días después de que Estados Unidos revocara el visado de Mariaca y de otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Las autoridades estadounidenses acusaron al fiscal de participar en hechos graves de corrupción, solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a personas investigadas por delitos violentos a eludir la justicia.

Estados Unidos también anuló las visas de 12 funcionarios y exfuncionarios bolivianos a los que vinculó con actividades de narcotráfico o corrupción y con acciones para socavar gobiernos elegidos democráticamente. Tras los arrestos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su respaldo al presidente boliviano Rodrigo Paz y a sus medidas contra el crimen organizado.

(Con información de EFE)