Un tribunal de La Habana declaró culpables a una activista cubana de 21 años y a su madre por grabar a un policía

Un tribunal de La Habana declaró culpables este jueves a la activista bautista y creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente, del delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”. La sanción es de dos años de limitación de libertad para cada una, por grabar y difundir en redes sociales el video de un agente del Ministerio del Interior (Minint).

El juicio se celebró en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este y duró unas tres horas. Frente a la sala esperaban decenas de personas, muchas de ellas vinculadas a organizaciones religiosas, bajo un fuerte operativo de seguridad. A la salida, Benítez fue recibida con aplausos y con gritos de “Libertad” y “Patria y Vida”, el lema de los opositores a la dictadura.

“Esto es una injusticia”, dijo la joven a la prensa. Afirmó que solo expresó lo que piensa en redes sociales “de manera respetuosa” y calificó el proceso de circo. La jueza que presidió la vista, Zamira Marrero Morgado, es señalada por activistas por haber participado en procesos judiciales por las protestas del 11 de julio de 2021.

La limitación de libertad no implica encarcelamiento. La persona sancionada mantiene su vida habitual, pero sujeta a las regulaciones que fija la ley, entre ellas la prohibición de salir del país, explicó el abogado defensor, Roberto Ortega. Precisó además que la sentencia debe notificarse a las partes y que desde ese momento rigen diez días hábiles para apelar, una decisión que depende solo de madre e hija.

El proceso se originó el 10 de marzo, cuando un agente del Minint vestido de civil llegó a la vivienda de la familia, en el barrio de Alamar, en las afueras de La Habana, para entregar una citación policial. Madre e hija grabaron el encuentro y publicaron el video. En las imágenes, el oficial afirma que la orden proviene de la Seguridad del Estado, y Benítez denunció que el espacio destinado al motivo estaba en blanco.

Un suboficial del Minint presentó una denuncia por violación de su intimidad. El 25 de marzo ambas quedaron formalmente imputadas en virtud del artículo 393 del Código Penal y el 13 de abril la Fiscalía Provincial de La Habana dispuso el archivo definitivo de la denuncia. En julio, según denunció la propia Benítez, el caso se reabrió cuando el agente presentó una querella formal.

La defensa pidió declarar inadmisible esa querella, al considerar que el relato del policía no describe una conducta delictiva. El tribunal rechazó el planteo y confirmó en agosto la celebración del juicio, fijado primero para el 17 de septiembre y aplazado hasta el 1 de octubre.

Durante esos meses, Benítez denunció vigilancia frente a su casa, cortes de telefonía e internet y presiones de la Seguridad del Estado que, según relató, le hicieron perder su empleo en una peluquería. En julio contó que fue sometida a un interrogatorio de varias horas en una estación policial de Alamar, donde, afirmó, la amenazaron con prisión si continuaba publicando.

La joven se ha convertido en una de las figuras más visibles de la crítica a la dictadura entre los creadores de contenido dentro de la isla, con videos sobre los apagones, los bajos salarios y la falta de libertades. Su caso se suma al de otros jóvenes que difunden contenido crítico: el 6 de febrero fueron detenidos en Holguín dos integrantes del proyecto audiovisual El4tico, que acabaron en prisión provisional.