Honduras: Ley de Justicia Energética entra en vigor y activa cambios para usuarios, municipios y la ENEE

La entrada en vigor de la Ley de Justicia Energética marca el inicio de una nueva etapa para el subsector eléctrico hondureño. La normativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,258, correspondiente al 29 de septiembre de 2026, y desde ese momento comenzaron a correr varias de las disposiciones contempladas para usuarios, municipalidades, instituciones públicas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Uno de los primeros efectos de la ley es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses. El artículo 1 establece que el precio aplicado por la ENEE en el último recibo de cada usuario no podrá incrementarse durante ese período. El Congreso Nacional podrá prorrogar la medida por otros seis meses.

Otro de los beneficios dirigidos a los hogares es la condonación de deudas para usuarios residenciales de bajo consumo.

La normativa establece que quienes registren un consumo promedio de hasta 250 kilovatios hora (kWh) podrán solicitar la condonación de las obligaciones acumuladas hasta la entrada en vigor de la ley, incluidos recargos, intereses y multas.

Para acceder al beneficio, el usuario deberá realizar la solicitud ante la ENEE, acreditar la titularidad del servicio y permitir la inspección del medidor. Cuando no exista medidor, la empresa estatal deberá instalarlo.

La normativa contempla igualmente la condonación de las deudas municipales acumuladas con la ENEE hasta la fecha de entrada en vigor de la ley, independientemente de que estas se encuentren vencidas, en proceso de cobro o bajo un convenio de pago.

A partir del mes siguiente, el consumo de electricidad de las corporaciones municipales deberá pagarse mediante débito automático de las transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

Para implementar este mecanismo, SEFIN, la Secretaría de Gobernación, la ENEE y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) deberán realizar las adecuaciones correspondientes. Las municipalidades de categorías A y B también podrán conciliar saldos mediante inversiones, de acuerdo con las disposiciones establecidas.

La ley establece además una amnistía de tres meses para usuarios que mantengan conexiones clandestinas, reconexiones no autorizadas o medidores alterados.

Durante ese período, quienes regularicen voluntariamente su situación podrán hacerlo sin responsabilidad penal, bajo el carácter único y excepcional establecido por la normativa. El objetivo es permitir la incorporación de estos usuarios al sistema formal antes de que concluya el plazo.

La legislación también incorpora incentivos para la generación residencial de energía solar. Las familias podrán adquirir e instalar sistemas para sus viviendas, incluidos paneles, inversores y baterías, sin pagar ISV, aranceles ni otros impuestos aplicables. Los requisitos y límites del beneficio deberán establecerse posteriormente mediante el reglamento correspondiente.

La entrada en vigor también activa el cronograma para la transformación del sistema eléctrico. El Ejecutivo, mediante la Secretaría de la Presidencia, tendrá 45 días hábiles para emitir el reglamento del Comité de Conducción de la Reforma y de la Unidad Técnica de Implementación.

En un período de 120 días deberán avanzar tareas como la elaboración de los estatutos de las nuevas subsidiarias de Generación, Transmisión y Distribución, el reglamento de la Junta Nominadora de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el informe de la ENEE y SEFIN al Congreso sobre la deuda histórica y su plan de pago.

La normativa establece además una hoja de ruta bajo responsabilidad de la Unidad Técnica adscrita a la Presidencia, que deberá monitorear hitos, responsables y riesgos de la reforma y presentar informes trimestrales públicos.

Uno de los cambios centrales es la orden de transformar y escindir la ENEE en sociedades mercantiles, aunque estas mantendrán su carácter público.

Mientras se completa ese proceso, la estatal podrá continuar realizando licitaciones públicas abiertas para evitar que la reorganización institucional afecte las contrataciones necesarias para el funcionamiento del sector energético.

Con la publicación de la Ley de Justicia Energética, el desafío pasa ahora de la aprobación legislativa a su ejecución. Las disposiciones establecen beneficios, obligaciones, plazos y responsables cuya aplicación deberá traducirse en medidas concretas para los usuarios y en cambios verificables dentro del sistema eléctrico nacional.