
El mandatario de ecuador Daniel Noboa difundió este sábado las primeras imágenes de José Serrano en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, después de que el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional llegó a Ecuador deportado desde Estados Unidos y quedó bajo custodia por el proceso que enfrenta como presunto autor mediato del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Noboa difundió la imagen en su cuenta de X con una sola palabra: “Hecho”, horas después de que Serrano ingresó al centro penitenciario ubicado en Santa Elena. En la fotografía apareció dentro de una celda, cubierto y con el uniforme naranja del sistema carcelario, en una escena que el Gobierno presentó como la confirmación de su traslado al penal de máxima seguridad.
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La llegada del exfuncionario al país se concretó la noche del viernes 28 de agosto. Serrano aterrizó después de las 23:00 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, a bordo de una aeronave procedente de Estados Unidos.
Pasadas las 01:10 del sábado, salió bajo resguardo policial con destino a El Encuentro, la prisión donde también permanece recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Antes de la publicación de las fotografías, Noboa anticipó el traslado con otro mensaje en X. “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro del Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti”, escribió el mandatario en una referencia directa al expresidente Rafael Correa. Más tarde, el ministro del Interior, John Reimberg, reforzó la postura oficial con otro mensaje en el que sostuvo que “el que se creyó intocable” terminó en El Encuentro y afirmó que en Ecuador nadie está por encima de la ley.
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Serrano figura entre los siete procesados por el crimen de Fernando Villavicencio, asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 en Quito, 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias en las que luego resultó elegido Noboa. La Fiscalía ecuatoriana sostiene que ese grupo intervino como autor mediato del asesinato, mientras que los autores materiales fueron sicarios colombianos.
En la audiencia preparatoria de juicio del 8 de agosto, la fiscal Ana Hidalgo pidió que Serrano y los otros seis imputados fueran llamados a juicio. Para el exministro, que permanecía fuera del país, también solicitó que se iniciara el trámite de extradición. Su retorno, de todos modos, no avanzó por esa vía, sino por una deportación ejecutada por las autoridades estadounidenses.
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La confirmación oficial de ese procedimiento llegó desde Estados Unidos. Juan Pablo Segura, funcionario del Departamento de Estado, informó en X que el Departamento de Seguridad Nacional deportó a Serrano a Ecuador. El exministro se encontraba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas desde 2025 por exceder el tiempo de permanencia permitido en territorio estadounidense, mientras alegaba que mantenía en trámite una solicitud de asilo.
Ese pedido lo presentó en octubre de 2021, después de ingresar a Estados Unidos en mayo de ese mismo año con visa de turismo. En mayo de 2026, una jueza estadounidense rechazó su solicitud de asilo, aunque le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura, una decisión que en ese momento impedía su deportación a Ecuador. Ese antecedente formó parte de la controversia posterior a su entrega a las autoridades ecuatorianas.
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Tras la deportación, Paulina Serrano, hija del exfuncionario, sostuvo en redes sociales que su padre fue enviado a Ecuador de forma ilegal y en violación del derecho internacional y de la Convención contra la Tortura. En ese mismo mensaje, cuestionó al Gobierno ecuatoriano y afirmó que el caso responde a una persecución política. Serrano, por su parte, rechazó cualquier vínculo con el asesinato de Villavicencio y negó que exista fundamento para relacionarlo con la estructura criminal de Los Lobos.

En el expediente también aparecen el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, además de tres jefes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría, identificado como “Pipo”, señalado como máximo dirigente de esa organización. La tesis fiscal sostiene que ese entramado participó en la planificación del atentado contra Villavicencio.
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El caso ya dejó condenas para parte de los implicados. Cinco personas recibieron penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales del asesinato, mientras la causa sobre los presuntos autores mediatos siguió abierta y pasó a una etapa clave con la incorporación de Serrano bajo custodia en territorio ecuatoriano.
La investigación por el crimen también volvió al centro del debate público a comienzos de agosto, cuando las hijas de Villavicencio anunciaron que resguardaron documentación vinculada al caso en la plataforma SafeBox, desarrollada por Forbidden Stories. En un mensaje difundido al cumplirse tres años del asesinato, señalaron que la información quedó protegida por una red internacional para impedir que eventuales amenazas frenaran la difusión del contenido y la continuidad de las pesquisas.
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