Más de 18 mil menores estarían en situación de calle en Honduras ante carencia de respuesta integral

Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que en Honduras no existe una cifra oficial que permita determinar con precisión cuántos menores viven en esta condición. Por ello, la estimación supera actualmente los 18 mil niños y adolescentes.

El representante señaló que esta población puede ser localizada en semáforos, debajo de puentes, aceras y otros espacios públicos, donde diariamente enfrenta condiciones de vulnerabilidad. A su criterio, la presencia de menores en estos lugares se ha convertido en una situación que parte de la sociedad ha terminado por normalizar.

Vásquez recordó que durante la pandemia de COVID-19, varias organizaciones, entre ellas Casa Alianza y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a que las medidas sanitarias implementadas en ese momento no podían ser cumplidas por los menores que carecían de un hogar.

Entre las disposiciones establecidas durante la emergencia sanitaria se encontraban medidas como “quédate en casa” y el lavado constante de manos, instrucciones que resultaban imposibles de acatar para quienes permanecían en las calles y no contaban con condiciones básicas de vivienda.

Como resultado de ese proceso judicial se emitió una sentencia considerada histórica, mediante la cual se establecieron una serie de obligaciones para el Estado hondureño orientadas a garantizar la protección de los derechos de la niñez que permanece en situación de calle.

Una de las principales disposiciones contempla la realización de un levantamiento de información a nivel nacional que permita conocer con exactitud cuántos menores se encuentran en esta condición, además de identificar las zonas del país donde existe una mayor concentración de esta población.

La resolución también establece la necesidad de identificar a las organizaciones que actualmente brindan atención a los menores en situación de calle. De acuerdo con Vásquez, el Estado debe proporcionar a estas instituciones los recursos financieros y logísticos necesarios para que puedan continuar desarrollando su labor de protección y acompañamiento.

La sentencia también plantea la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en la construcción de una política nacional para la niñez en situación de calle, con medidas permanentes que permitan atender las causas del problema y garantizar los derechos fundamentales de los menores.

Sin embargo, Vásquez lamentó que, pese a las disposiciones establecidas, no se hayan registrado avances significativospara cumplir con estas obligaciones. Afirmó que la niñez en situación de calle continúa sin ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda nacional.

El director cuestionó además que, en muchas ocasiones, los menores sean considerados únicamente como un problema que debe ser retirado de las calles, en lugar de ser reconocidos como sujetos de derechos que requieren protección, atención y oportunidades para superar las condiciones que los llevaron a permanecer en espacios públicos.

Vásquez también advirtió que existe una percepción equivocada sobre las razones por las cuales los menores terminan viviendo en las calles. No todos consumen sustancias ni permanecen allí por voluntad propia, señaló, al explicar que detrás de cada caso pueden existir diferentes circunstancias familiares y sociales.

Algunos menores abandonan sus hogares después de experimentar violencia física, violencia emocional o abuso sexual, mientras que otros enfrentan condiciones familiares y económicas que les impiden permanecer en un entorno seguro y estable.

El representante de las organizaciones defensoras de la niñez señaló que esta situación puede tener consecuencias graves, debido a que algunos menores terminan siendo utilizados por grupos criminales para desarrollar distintas actividades, aumentando su exposición a hechos violentos e incluso a la muerte.

Ante este panorama, Vásquez hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad hondureña para dejar de considerar como normal la presencia de niños y adolescentes en las calles y asumir esta realidad como una problemática que requiere acciones urgentes.

El representante insistió en que la respuesta debe construirse desde un enfoque de derechos humanos, protección integral y prevención, atendiendo no solamente la presencia de los menores en las calles, sino también las causas familiares, sociales y económicas que los llevaron a esa situación.

La falta de una cifra oficial y actualizada, sumada a la ausencia de una política nacional integral y al incumplimiento de las medidas contempladas en la sentencia, mantiene a miles de menores en una condición de vulnerabilidad que demanda una respuesta coordinada y permanente por parte del Estado.