La Fiscalía de Ecuador formalizó este sábado la acusación contra siete supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado en 2023. Entre los señalados se encuentran dos expolíticos de izquierda, un empresario y varios integrantes de una banda criminal.
El caso, que sacudió el panorama político ecuatoriano, cobró notoriedad nacional e internacional tras la muerte de Fernando Villavicencio. El exlegislador y periodista de investigación fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en Quito, a pocos días de las elecciones presidenciales. Villavicencio era conocido por sus denuncias públicas sobre corrupción, tanto en el gobierno de Rafael Correa como en sectores vinculados a la derecha y al crimen organizado.
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La Fiscalía General del Estado comunicó en la red social X que “acusa a los 7 procesados como autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato”. La fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva para todos los procesados y pidió emitir una circular roja de Interpol contra cuatro de ellos que residen en el extranjero.
Entre los acusados figura el empresario Xavier Jordán, residente en Estados Unidos, a quien la fiscalía atribuye la financiación y planificación del crimen. También fueron señalados el exministro del Interior José Serrano y el excongresista Ronny Aleaga.
Serrano habría entregado información “sensible” a la banda criminal Los Lobos sobre los movimientos de Villavicencio, mientras que Aleaga, asilado en Venezuela, habría coordinado acciones logísticas para concretar el asesinato.
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El máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, conocido como alias Pipo, enfrenta en España un proceso de extradición hacia Ecuador. Según la acusación, Pipo planificó el crimen a cambio de un millón de dólares. Las otras tres personas implicadas estarían vinculadas a la misma organización criminal.
La investigación del caso ha puesto de relieve la infiltración del crimen organizado en el sistema político y judicial de Ecuador. Además del asesinato de Villavicencio, la fiscalía rastrea conexiones con el escándalo conocido como ‘Metástasis’, un caso que expuso la red de corrupción y complicidad entre funcionarios, jueces y bandas delictivas. Jordán y Aleaga también figuran como investigados por el delito de delincuencia organizada, vinculados a la estructura criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022.
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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó oficialmente la extradición del exasambleísta Aleaga desde Venezuela y del empresario Jordán desde Estados Unidos. Ambos están acusados de integrar una red de corrupción establecida por Norero, quien desde la cárcel financiaba y auspiciaba a grupos como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers. Estas organizaciones disputaban el control del crimen organizado frente a Los Choneros, considerada la banda más antigua del país.
El operativo judicial se intensificó a fines de 2023, cuando fueron detenidas cerca de cincuenta personas, entre ellas el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán. Según fuentes policiales citadas por AFP, Norero dirigía desde prisión una organización que no solo buscaba privilegios carcelarios para sus miembros, sino también impunidad en diversos procesos penales.
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En el proceso por el asesinato de Villavicencio, ya han sido condenadas cinco personas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales. El autor de los disparos fue abatido en el lugar por los guardaespaldas del político, y seis ciudadanos colombianos presuntamente vinculados al crimen fueron asesinados en prisión.
Por el escándalo ‘Metástasis’, una treintena de personas ya han recibido condena, entre ellas Terán y el general de Policía Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), responsable del sistema penitenciario ecuatoriano.
La acusación de la Fiscalía de Ecuador pone en evidencia la compleja red de intereses entre el crimen organizado y la política, en un contexto de creciente violencia e inestabilidad en el país. Las autoridades continúan coordinando con organismos internacionales para asegurar la extradición de los procesados y profundizar las investigaciones sobre la estructura criminal detrás del magnicidio de Fernando Villavicencio.
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