La transición boliviana pone a prueba al gobierno de Rodrigo Paz ante un poder paralelo ligado al narcotráfico

La crisis de Bolivia quedó descrita en el foro del Interamerican Institute for Democracy como una disputa que excede al cambio de gobierno: varios expositores coincidieron en que el presidente Rodrigo Paz enfrenta un aparato estatal, judicial y de seguridad que, según sus diagnósticos, conserva la estructura política y económica heredada del ciclo del MAS, con el narcotráfico como núcleo de esa continuidad.

Carlos Sánchez Berzaín, director del instituto organizador, planteó que el nuevo gobierno controla la administración pero no el poder efectivo.

“Rodrigo Paz ha tomado el gobierno pero no el poder”, afirmó, antes de señalar que la disyuntiva es mantener el continuismo o cambiar leyes, instituciones y el Estado “hacia una democracia real”.

La definición más directa la aportó el vocero presidencial de Bolivia José Luis Gálvez, que habló de una “fuerte presencia de un estado paralelo heredado del régimen anterior” con capacidad para financiar bloqueos de calles y manejar la industria del narcotráfico. Según dijo, el gobierno trabaja con organismos internacionales para enfrentar ese problema.

En el mismo foro, el analista financiero Mauricio Ríos introdujo un dato distinto al eje de seguridad: sostuvo que la crisis no se explica solo por los bloqueos y cuestionó que el plan de revaluación de la moneda pueda resolver la dificultad cambiaria. A su juicio, la falta de claridad en los proyectos oficiales afecta el financiamiento, y sin ese respaldo el Estado no puede responder a los episodios de conflictividad que podrían reaparecer.

El diagnóstico común apuntó a una herencia institucional ligada al narcotráfico

Eduardo Gamarra, profesor en ciencias políticas, sostuvo que Bolivia “volvió a la democracia pero no recobró la paz” y ubicó el principal desafío del gobierno en la lucha contra la narcoindustria. Para el académico, ese entramado es “mucho más grande que Evo Morales” y el Ejecutivo debe identificar a sus beneficiarios, a quienes vinculó con el financiamiento de las protestas.

Gálvez, en representación del gobierno, reforzó ese enfoque al describir una estructura delictiva que combina protesta callejera y negocio ilegal. La tensión central del diagnóstico expuesto en el encuentro fue esa: la administración de Paz habría iniciado una transición democrática sin haber desarticulado todavía los mecanismos de poder que sobreviven dentro del Estado.

Guido Añez, ex gobernador de Santa Cruz, definió el momento político como “un proceso de transición en Bolivia de un narco-estado a un estado democrático”. En esa línea, afirmó que durante 20 años las fuerzas armadas y el aparato estatal fueron infiltrados por los narcos, y reclamó liberalización económica, inversión extranjera, un gobierno más inclusivo y preparación ante una crisis energética.

Los expositores ligaron la conflictividad actual con el ciclo del socialismo del siglo XXI

Sánchez Berzaín encuadró la situación boliviana en un proceso regional que, según dijo, comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y la expansión del socialismo del siglo XXI. En esa lectura, Bolivia pasó de ser un país con autonomía y proyección gasífera a convertirse en “un país satélite de las dictaduras chavistas”.

Germán Gutiérrez, ex diputado boliviano, habló de una “dictadura electoralizada” que el actual gobierno intenta desmontar, aunque consideró que esa transición no se ha concretado. Para él, los bloqueos expresan la resistencia de ese modelo político a desaparecer en Bolivia, del mismo modo que, según afirmó, ocurrió en otros países de la región.

Hugo Vargas, experto en políticas públicas, llevó esa crítica al terreno institucional. Sostuvo que el gobierno del MAS persiguió a opositores, tomó la justicia, envió al exilio a quienes se le enfrentaban y vulneró las leyes para asegurar la reelección indefinida de la presidencia.

La discusión también incluyó críticas a la capacidad oficial para ordenar la transición

María Alejandra Serrate, defensora de derechos humanos, afirmó que el problema del actual gobierno no es solo la herencia recibida sino su incapacidad para desmontar “las instituciones heridas” por las administraciones anteriores. Sumó a eso una deficiencia de comunicación oficial para abordar ese legado.

Fernando Untoja, ex candidato presidencial de Bolivia, describió al país en una doble crisis, “de Estado” e “intelectual”, y atribuyó parte de esa parálisis al Estado plurinacional, que a su entender funciona como una “camisa de fuerza” para los ciudadanos y dificulta la búsqueda de soluciones por parte de Paz.

Ríos agregó que esa debilidad también se refleja en el frente económico. Según su exposición, la falta de financiamiento impide atacar el problema de seguridad, donde ubicó a los bloqueos como una amenaza todavía abierta.

El foro sumó advertencias sobre fuerzas armadas debilitadas e instituciones frágiles

El vicealmirante Ismael Schabib afirmó que las fuerzas armadas fueron golpeadas por la ideología del socialismo y debilitadas en términos económicos. Según dijo, ese proceso reinstaló un “revanchismo” asociado a la derrota de 1967 y trajo de vuelta consignas como “patria o muerte”.

Carlos Saavedra, analista político, resumió ese deterioro como la herencia de 20 años de un régimen autoritario que capturó instituciones y dejó como saldo división étnica, narcotráfico y la necesidad de reformas económicas y de fortalecimiento militar.

Gisela Derpic, docente de derecho internacional, llevó el debate a un plano cultural e histórico al sostener que las protestas muestran que Bolivia no superó ciertos traumas y que una lectura equivocada del pasado contribuyó a la debilidad institucional. Su intervención completó un cuadro en el que los participantes atribuyeron la crisis boliviana a la combinación de captura del Estado, fractura social y fragilidad económica.