El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este miércoles la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, y calificó como "inaceptable la interferencia" estadounidense en la Justicia brasileña.
Las declaraciones se produjeron luego de que la administración de Donald Trump anunciara medidas financieras contra el magistrado y nuevos aranceles a las importaciones provenientes de Brasil.
“Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia”, sostuvo Lula en una nota oficial titulada Brasil es un país soberano y democrático.
La sanción contra De Moraes fue aplicada bajo la Ley Magnitsky, un instrumento que permite al Gobierno estadounidense bloquear activos y restringir transacciones financieras con personas extranjeras acusadas de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Según detalló Washington, el magistrado enfrenta restricciones en sus posibles bienes en EEUU y en sus vínculos financieros con ciudadanos estadounidenses.
Alexandre de Moraes es el juez encargado de los procesos judiciales contra el ex presidente Jair Bolsonaro, entre ellos una causa por presunta participación en un complot golpista tras la derrota electoral en 2022. La Fiscalía brasileña lo acusa de “liderar” un intento de revertir los resultados de las elecciones mediante acciones ilegales.
Lula atribuyó las sanciones a “la acción de políticos brasileños que traicionan” al país, en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex mandatario y quien se encuentra en Estados Unidos en busca de apoyo internacional para su padre.
“En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas”, afirmó el jefe de Estado.
En paralelo, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 50% a una amplia gama de productos brasileños. El presidente justificó la medida como represalia ante el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro, a quien considera víctima de una “caza de brujas”.
“La motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional y contra la propia relación histórica entre ambos países”, declaró Lula, quien recordó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil desde hace varios años.
Al respecto, dijo que su gobierno “sigue dispuesto a negociar los aspectos comerciales”, aunque advirtió que utilizará los instrumentos de defensa previstos en la legislación nacional.
Durante un acto oficial en Brasilia, Lula agregó: “Hoy es el día sagrado de la soberanía” y prometió defender “la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos”.
El conflicto diplomático escaló luego de la reunión entre el canciller brasileño Mauro Vieira y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington. El encuentro fue el más relevante entre ambos gobiernos desde el inicio de las tensiones.
Vieira calificó como “inaceptable” la sanción al magistrado del Supremo y declaró ante la prensa que “Brasil se reserva el derecho de responder”. En sus declaraciones a Rubio, expresó que “la justicia brasileña no se inclinará ante presiones externas” y que el gobierno de Lula mantiene disposición para seguir negociando en el ámbito comercial.
La Corte Suprema brasileña también se pronunció. En un comunicado oficial, el tribunal expresó su “solidaridad” con el juez Moraes y afirmó: “No se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes”.
El texto añadió que el juzgamiento de delitos relacionados con ataques a la democracia es “de exclusiva competencia de la justicia del país”.
(Con información de AFP y EFE)
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