El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este martes que el dirigente campesino Carlos Azuaje, detenido desde diciembre de 2024, fue enviado a juicio “sin pruebas reales”, acusado de incitación al odio, conspiración y traición a la patria, calificados por la organización política como “delitos fabricados”.
A través de un mensaje en su cuenta de X, VP indicó que la decisión de llevar a juicio al activista se tomó tras una audiencia preliminar celebrada “más de 200 días después de su detención”, lo que, según el partido, viola el “plazo legal de 45 días establecido por el debido proceso".
“El expediente alega falsamente que Carlos (Azuaje) ofreció entrevistas a medios internacionales pidiendo una supuesta intervención extranjera”, afirmó VP, que calificó la acusación como “absolutamente infundada”.
La formación sostuvo que el trabajo “político y comunicacional” de Azuaje siempre ha estado orientado a “la vía electoral y democrática” como único camino “para lograr el cambio en Venezuela”.
La detención de Azuaje fue denunciada en diciembre pasado por el ex gobernador opositor César Pérez Vivas, quien la vinculó con una “escalada de violencia” por parte de la dictadura venezolana “contra los luchadores democráticos”.
Pérez Vivas, integrante de la principal coalición opositora –la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)–, señaló que el dirigente campesino fue arrestado en la carretera hacia la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).
Según el ex gobernador, Azuaje era portavoz de agricultores y campesinos, y un “firme defensor del derecho a la democracia” que, aseguró, no había cometido “delito alguno”.
Por su parte, la ONG venezolana Comité por la Liberación de los Presos Políticos ha exigido la “libertad plena” para el dirigente campesino. “Carlos es una persona honesta, cuyo único delito ha sido pensar distinto y querer un país más justo. Su caso se suma al de decenas de venezolanos que hoy están presos por razones políticas, sometidos a tratos crueles, violaciones a sus derechos humanos y ausencia de garantías judiciales”, señaló en mayo la organización en una publicación en X.
El comité exigió su liberación y el “cese de la persecución contra quienes piensan diferente”.
Este mes, el Foro Penal contabilizó 932 presos políticos en Venezuela, incluidos menores de edad y extranjeros. Según el reporte, con fecha de corte al 30 de junio, se contabilizan 844 hombres y 96 mujeres privados de libertad bajo acusaciones que la ONG considera de carácter político. Entre ellos, figuran 936 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.
El caso de Carlos Azuaje se inscribe en un contexto más amplio de denuncias por criminalización de la disidencia en Venezuela, donde organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre un uso sistemático del aparato judicial para silenciar voces críticas. Mientras persisten los reclamos por su liberación, el número de personas detenidas por motivos políticos continúa en aumento, reflejando, según las ONG, un deterioro sostenido del estado de derecho en el país.
(Con información de EFE)
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