
El opositor César Pérez Vivas denunció este jueves que el régimen de Nicolás Maduro había detenido al dirigente campesino Carlos Azuaje, en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela.
“Otro líder democrático encarcelado por la dictadura. El ingeniero Carlos Azuaje, vocero de agricultores y campesinos, firme defensor del derecho a la democracia, fue detenido en la carretera hacia Puerto Ordaz”, escribió Pérez Vivas en su cuenta de X.
Acciones como estas, sumó, dan cuenta de la “escalada de violencia del Estado-PSUV contra los luchadores democráticos” y de la voluntad de la dictadura por “encarcelar a todos los dirigentes, voceros y luchadores como tal, y quedarse ilegalmente en el poder”.

“Carlos Azuaje es un hombre de bien, no ha cometido delito alguno. Su pecado es denunciar la barbarie y la corrupción del ‘socialismo del Siglo XXI’”, lamentó, en referencia al modelo dictatorial que el chavismo lleva imponiendo hace décadas en el país.
Por su parte, el partido Voluntad Popular reiteró que el campesino “no ha cometido NINGÚN delito” sino que ha dedicado sus días a trabajar por “la transparencia y la recuperación de la democracia en nuestro país” y, por tanto, exigió su liberación inmediata y el pleno resguardo de sus derechos humanos.
“¡Basta de persecución y de injusticia!“, se lee en su publicación.
Asimismo, la agrupación advirtió ante la comunidad internacional que las liberaciones de presos políticos de las últimas semanas, ordenadas por el chavismo, no son más que una estrategia para revertir su imagen negativa ya que “mientras excarcelan a unos, secuestran a otros”.

Este lunes, la Fiscalía informó que, desde noviembre, ya se ha dejado en libertad a unas 533 personas que habían sido detenidas en el contexto post electoral, en su mayoría por haber protestado en contra del fraude de Maduro o por estar vinculados, de alguna manera, a la Plataforma Unitaria Democrática. Su excarcelación responde, según el régimen, a una revisión de sus casos, aunque varias ONG que operan en el país han denunciado que se trata en su totalidad de causas inventadas y de procesos judiciales irregulares.
No obstante, mientras estas personas regresaban a sus hogares, con sus seres queridos, otros caían en manos de las fuerzas de seguridad chavistas, como fue el caso de la ex concejal de Caracas Jesús Armas, el activista Luis Palocz, dos miembros del partido Vente Venezuela y el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, entre otros.

Este jueves, la organización Foro Penal, que monitorea la situación en las cárceles del país, actualizó su balance y señaló que son 1.877 los presos políticos que siguen tras las rejas, es decir, 28 menos que en su anterior reporte. De ellos, 1.715 son civiles y 162 pertenecen a la Fuerza Armad Nacional, y aún hay seis adolescentes de entre 14 y 17 años.
A raíz de las denuncias por las condiciones inhumanas en los penales y tras conocerse en las últimas semanas varios casos de detenidos muertos bajo custodia policial, el partido Primero Justicia pidió a las autoridades cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida y la salud de estas personas.
“El Estado tiene la obligación legal y constitucional de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas que están bajo su custodia. Exigimos que esto sea respetado”, manifestaron en un comunicado difundido en redes sociales.
(Con información de EFE)
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