Comunidad del Gimnasio Los Laureles protestó frente a la Gobernación para evitar el cierre del colegio tras la muerte de Valeria Afanador: “¡Escúchenos!”

Durante la mañana y parte de la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026, estudiantes, padres de familia y profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se movilizaron frente a la Gobernación de Cundinamarca para manifestar su rechazo a la cancelación de la licencia de funcionamiento del establecimiento educativo, ubicado en Cajicá.

Durante la jornada, los asistentes pidieron que se escuchen sus argumentos y se revise la decisión que dejará sin continuidad al plantel, en el que actualmente estudian cerca de 230 alumnos.

La manifestación se produjo después de que la administración departamental ratificara la sanción administrativa contra el colegio, donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto de 2025 y fue encontrada muerta 18 días después.

La determinación generó preocupación entre las familias que hacen parte de la institución, pues consideran que el cierre también tendrá consecuencias para los estudiantes que no estuvieron involucrados en los hechos.

Con pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades departamentales, los participantes expresaron su intención de defender la continuidad del proyecto educativo. Su principal petición es que los alumnos puedan terminar su proceso de formación en el colegio y que las responsabilidades derivadas de lo ocurrido no impliquen la afectación de toda la comunidad educativa.

Durante la movilización, uno de los estudiantes tomó un megáfono para dirigirse al gobernador de Cundinamarca y solicitar que los escuchen. “Gobernador, soy un estudiante de Los Laureles. Queremos que nos escuchen, por favor. Han tomado decisiones arbitrarias vulnerando nuestros derechos. Que nos escuchen”, manifestó frente a la sede de la administración departamental.

Padres de familia cuestionan las consecuencias del cierre

Salomón Rincón, uno de los padres de familia que participó en la protesta, explicó que tiene a sus hijos matriculados en el Gimnasio Campestre Los Laureles y que ambos se sienten felices de estudiar allí. Por esa razón, expresó su preocupación ante la posibilidad de que deban abandonar el establecimiento y continuar su formación en otra institución.

“No están cerrando un colegio, están cerrándole las puertas a muchas familias”, expresó Rincón durante la manifestación.

También se refirió a la fecha establecida para la finalización de las actividades académicas y pidió que la Gobernación escuche las solicitudes de los padres antes de que se haga efectiva la medida. Según explicó, el plazo para que el establecimiento deje de funcionar está relacionado con el cierre del calendario académico, previsto para el 30 de noviembre de 2026.

Rubén Tibaduiza, quien es padre de dos estudiantes y también trabaja como docente en la institución, participó en la jornada para expresar su preocupación por las consecuencias educativas y laborales de la decisión.

El profesor señaló que las familias no desconocen lo sucedido con Valeria Afanador, pero considera que también deben tenerse en cuenta los derechos de los demás estudiantes y trabajadores. “No desconocemos lo que pasó en el colegio, ni las responsabilidades que se tienen que asumir o por las que tiene que responder la institución. Pero también están vulnerando el derecho de las otras 200 familias que estamos en este momento en la institución”, afirmó.

Tibaduiza también solicitó que se abra un espacio de diálogo con la comunidad educativa y recordó que el colegio lleva 25 años desarrollando actividades de formación. De acuerdo con su intervención, las familias quieren continuar vinculadas al establecimiento y que se consideren las consecuencias que tendría su cierre para quienes dependen de él.

¿Por qué la Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre?

La decisión de la administración departamental tiene como antecedente el caso de Valeria Afanador, cuya desaparición y posterior muerte generaron cuestionamientos sobre las condiciones de vigilancia, protección y cuidado de los menores dentro del plantel.

El 21 de octubre de 2026, la Gobernación de Cundinamarca confirmó la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio, luego de resolver el recurso de apelación presentado contra la sanción administrativa.

La determinación quedó consignada en la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, mediante la cual la Secretaría de Educación departamental ratificó la Resolución 004627 del 19 de junio del mismo año. En esta última, el establecimiento había sido declarado administrativamente responsable.

Con la expedición del nuevo acto administrativo, la entidad agotó la vía gubernativa, por lo que no procede otro recurso contra esa decisión.

Frente a lo ocurrido, los manifestantes señalaron que la institución ha reconocido el accidente y que, después del caso de Valeria, se implementaron modificaciones en los protocolos de seguridad y las medidas de cuidado de los estudiantes. Por ello, consideran que esos cambios también deben ser tenidos en cuenta al evaluar la continuidad del establecimiento.

La Gobernación estableció, además, obligaciones relacionadas con la reubicación de los alumnos. Entre ellas, la presentación de un plan que contemple las condiciones particulares de cada estudiante, especialmente de quienes tengan alguna discapacidad, necesidades educativas especiales o procesos terapéuticos en curso.

El documento también debe incluir mecanismos de acompañamiento psicosocial, medidas para prevenir la estigmatización y el ciberacoso, y espacios de participación para las familias.