Nicaragua profundizó durante el 2026 el deterioro de sus instituciones democráticas y la concentración del poder estatal en el régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe divulgado este miércoles 4 de noviembre por la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, una organización nicaragüense con sede en Costa Rica.
El documento sostiene que el país atravesó un nuevo período de restricciones a las libertades civiles y políticas, reducción de la participación ciudadana y pérdida de autonomía de las instituciones estatales. La evaluación abarca reformas constitucionales, presiones sobre organizaciones civiles y religiosas, limitaciones a la prensa independiente y el avance de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes.
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La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano sustituyó a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente que fue ilegalizado por el régimen de Ortega y Murillo. La entidad presentó su análisis desde Costa Rica, donde opera después de la cancelación de la personalidad jurídica de numerosas ONG en Nicaragua.
El organismo afirmó que el entorno político e institucional nicaragüense registró una mayor concentración del poder estatal a lo largo de este año. Según el informe, las libertades civiles y políticas siguieron bajo presión, mientras los canales de participación independiente se redujeron.
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Las reformas constitucionales ampliaron las facultades del Ejecutivo
La organización señaló que las modificaciones constitucionales promovidas en 2026 reforzaron la influencia del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado, con efectos particulares sobre el sistema de justicia y la autonomía institucional.
En septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución. La iniciativa requiere una segunda aprobación, prevista para el 18 de enero de 2027, antes de su entrada en vigor.
La reforma excluye de los cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y extiende de cinco a siete años el mandato presidencial. Para la Fundación Sin Límites, la modificación forma parte de una secuencia de decisiones que apunta a consolidar el control político de los copresidentes.
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Daniel Ortega, quien cumple 81 años el 11 de noviembre, gobierna Nicaragua de manera consecutiva desde 2007. Antes coordinó la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y ocupó la Presidencia entre 1985 y 1990. Con esos períodos, acumuló 30 años al frente del país.
La iniciativa parlamentaria fue presentada semanas después de que Ortega declarara, durante un acto oficial, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Esa afirmación provocó cuestionamientos de actores internacionales y reavivó las críticas sobre las condiciones políticas y electorales del país.
Persisten las restricciones a la prensa, las ONG y las comunidades indígenas
El informe indicó que las limitaciones sobre la sociedad civil continuaron durante 2026. La evaluación incluye obstáculos para el funcionamiento de organizaciones independientes, presiones contra medios de comunicación y restricciones vinculadas con la libertad religiosa.
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La Fundación Sin Límites también alertó por la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El documento vincula las tensiones territoriales con la expansión de las concesiones mineras, un proceso que, según la ONG, incrementó las presiones sobre comunidades que reclaman protección de sus tierras y recursos naturales.
El organismo sostuvo que la reducción de los espacios autónomos no se limitó a las instituciones políticas. También alcanzó a sectores civiles que habían participado en la discusión pública, el monitoreo de derechos y la formulación de propuestas sobre asuntos económicos y sociales.
“Durante 2026, el entorno político e institucional de Nicaragua continuó caracterizándose por el debilitamiento de las libertades civiles y políticas, la reducción de los espacios de participación ciudadana y una creciente concentración del poder estatal”, señaló la organización en el informe.
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La respuesta internacional mantuvo diferencias sobre sanciones y diálogo
El análisis subrayó que el aumento del escrutinio internacional sobre Nicaragua no derivó en una estrategia externa común. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) mantuvieron el seguimiento de la situación institucional, mientras Estados Unidos y la Unión Europea sostuvieron o aplicaron medidas y pronunciamientos sobre el país.
La ONG consideró que, en América Latina, varios gobiernos y administraciones expresaron preocupación por la evolución política y electoral nicaragüense. No obstante, persistieron diferencias respecto de la conveniencia del diálogo, la aplicación de sanciones y el principio de no intervención.
El documento agregó que el fortalecimiento de los vínculos del régimen nicaragüense con China y Rusia amplió las opciones de cooperación económica, diplomática y de seguridad. Esas relaciones, según la entidad, ampliaron el margen de maniobra externo de Managua frente a las presiones de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales.
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Para la Fundación, los hechos de 2026 reflejan una reducción sostenida de los espacios de autonomía y participación independiente.
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