
A inicios de esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados chilena despachó el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, una nueva unidad investigativa del Ministerio Público que comenzará a regir a fin de año o inicios del próximo, encargada del combate contra el crimen organizado y delitos de alta complejidad cada vez más habituales tras el arribo de diversas bandas criminales internacionales, cuyos tentáculos se han ramificado por todo el país.
Su mandamás, quien será designado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia a propuesta de la Corte Suprema, tendrá competencia en todo el territorio nacional, lo que le permitirá intervenir en casos que trascienden las fronteras regionales, convirtiéndose en un verdadero “zar antidelincuencia” inédito en el país, una especie de Elliot Ness del siglo XXI que de seguro acaparará titulares y -de hacer bien su trabajo-, podría llegar a convertirse en una de las figuras públicas más poderosas y mejor evaluadas del país.
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Tras la promulgación de la norma, Valencia señaló mediante un comunicado que se trata de “la modernización más grande de la institución desde la Reforma Procesal Penal. Es una señal clara de unidad frente a una amenaza común tanto para el Estado de Derecho como para la democracia. Como Ministerio Público asumimos este nuevo desafío con responsabilidad y compromiso con la seguridad de todas las personas”.
La iniciativa fue impulsada por los senadores de Renovación Nacional Manuel José Ossandón, María José Gatica, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Kenneth Pugh, y terminó siendo apoyada fuertemente por el Gobierno, que la fusionó con una propuesta semejante que recogía proyectos a medio tramitar pertenecientes a los exmandatarios Sebastián Piñera y Michelle Bachelet y recibió aplausos transversales.
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Desde dicha bancada valoraron que la promulgación de la ley haya sido posible gracias al respaldo del oficialismo:
“Aquí hubo voluntad para avanzar en serio contra el crimen organizado, y esperamos que este mismo estándar se mantenga en todos los proyectos que refuercen la capacidad del Estado para enfrentar esta amenaza”, aseguraron.
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Los candidatos
De acuerdo a una nota de El Mostrador, cinco nombres de fiscales regionales circulan como favoritos en chats de WhatsApp de funcionarios del Poder Judicial y específicamente del Ministerio Público, así como en los cafés del centro capitalino donde suelen reunirse.
Quien encabeza el listado es sin duda el fiscal regional de Antofagasta (1.340 kms al norte de Santiago), Juan Castro Bekios, bautizado con justicia por la prensa como el “zar antidrogas” chileno. Asumió el 10 de octubre de 2023 y en los primeros cinco meses incautó en tres golpes al crimen organizado 13 toneladas de narcóticos. En 2024 decomisó más de 21 toneladas de estupefacientes avaluados en unos USD 2 mil millones, y a la fecha acumula poco más de 40 toneladas en incautaciones de diversas sustancias, incluyendo el mayor decomiso de fentanilo en el país, amén de varias bandas altamente violentas desbaratadas.
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En conversación con Infobae hace unas semanas, el persecutor que ha batido todos los récords en Chile advirtió el riesgo que implica la apertura del Corredor Bioceánico y el consiguiente arribo de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) desde Brasil, y reveló el preocupante dato de que contratar un sicario en su región ha llegado a costar USD 1,200.
También sostuvo que la clave de su éxito en la lucha contra el narco ha sido atacar el crimen organizado como verdaderas empresas, las que mediante negocios fachada y hasta criptomonedas lavan el dinero obtenido en actividades como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas, la trata de blancas, el sicariato, el contrabando de cigarrillos y el robo de camionetas en todo el país, las que suelen ser intercambiadas por droga en la frontera con Bolivia.
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El segundo nombre que salta a la palestra es el del fiscal que lidera los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Héctor Barros, uno de los más antiguos del Ministerio Público, con más de 20 años de experiencia. Especializado en narcotráfico, al igual que Castro Bekios ha visto la evolución del narco chileno con esos traficantes nacionales que traían droga desde Bolivia, Perú y hasta Colombia, y cómo todo eso cambió con la pandemia y la inmigración ilegal desatada.
“Claramente hay un antes y un después con la llegada de extranjeros que vinieron a cometer delitos, se dio un paso al crimen organizado transnacional que está liderado por venezolanos, que es lo que estamos viendo ahora, y que se vinculan con el Tren de Aragua y sus diversos tentáculos”, sostuvo hace una semana en entrevista con La Tercera.
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A cargo de la investigación del secuestro y crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago, Barros fue el primero en asegurar además que detrás de su muerte “está el gobierno venezolano”, afirmaciones que fueron respaldadas por el gobierno.

Otro persecutor que suena es el fiscal regional de Arica y Parinacota (2 mil kms al norte de Santiago, en la frontera con Perú), Mario Carrera, quien tiene más de dos décadas de experiencia y estuvo a cargo del mega juicio contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua cuyas sentencias a 34 de sus miembros acaban de ser ratificadas esta semana por la Corte Suprema, varias de ellas a presidio perpetuo.
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Zona sur
Sin embargo, en el sur de Chile también hay crímenes de alta connotación pública y en esa zona dos son los fiscales con mayores probabilidades: Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, y su par de La Araucanía, Roberto Garrido.
Especializada en violencia de género y Derechos Humanos, Wittwer ingresó a la Fiscalía en 2003, lideró la arista regional del Caso Convenios, realizó una exitosa investigación por corrupción en la Municipalidad de Puerto Montt y en los últimos dos años ha desbaratado cuatro organizaciones criminales, tres de ellas ligadas el Tren de Aragua como la facción “Los Hermanos Cartier”, mientras que la cuarta banda se dedicaba al ingreso de armas desde Argentina.
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Finalmente, Garrido, quien comenzó su carrera en el Ministerio Público en 2002, ha copado las portadas de diarios y matinales de tevé a cargo de casos emblemáticos vinculados a grupos radicales mapuche, como la muerte de Camilo Catrillanca y el juicio al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Así las cosas, la carrera es apretada, con persecutores que tienen vasta experiencia y méritos de sobra para ganarla, y recién a fin de año el Fiscal Nacional Ángel Valencia definirá quién es el vencedor.
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