Tras las rejas por los 60 días que dure la investigación quedó finalmente una mujer de 24 años que el domingo pasado trató de ingresar al interior de la cárcel de Osorno (930 kms al sur de Santiago) casi 7 gramos de cocaína y un chip de un teléfono celular, escondidos en el moño de su hija de solo cuatro años.
El inédito hecho fue descubierto por una funcionaria de Gendarmería y la droga iba dirigida a un preso que cumple condena por dos robos cometidos en dicha ciudad a fines del año pasado, uno de ellos a un céntrico servicentro.
A pesar de lo grave del asunto, el Juzgado de Garantía local dispuso en primera instancia dejar en libertad a la mujer y derivar a la niña con su abuela. Sin embargo, tras la apelación del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Valdivia (850 kms al sur de Santiago) ordenó su prisión preventiva mientras se llevan a cabo las diligencias.
El fiscal José Vivallo valoró la decisión final de la corte, atendida la seria vulneración a la que estaba siendo sometida la menor, y detalló que “el Ministerio Público, tras la formalización, solicitó la prisión preventiva considerando la gravedad de los hechos y la penalidad asociada al mismo”.
“Sin perjuicio de que el Tribunal de Garantía no accedió a la medida cautelar del Ministerio Público, en el recurso de apelación y ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, esta última resolvió disponer finalmente la prisión preventiva de la imputada, considerando que su libertad reviste, en el contexto de los hechos, un peligro para la seguridad de la sociedad”, agregó el persecutor.
Así las cosas, aunque la mujer fue formalizada por microtráfico, el Ministerio Público tiene ahora dos meses para investigar las otras aristas del caso.
La preocupación de Gobierno
Desde el Gobierno, en tanto, ya confirmaron que se harán parte de la investigación y presentarán una querella contra la irresponsable madre.
Así lo aseguró la secretaria regional ministerial de Seguridad, Patricia Rada, quien recordó la importancia de actuar con prontitud cuando un menor es expuesto a este tipo de situaciones, normalizando en su vida un accionar delictivo.
“Como Gobierno consideramos que, en el caso de los menores de edad, el esfuerzo del Estado de Chile debe estar puesto en interrumpir las carreras criminales tempranamente”, señaló.
“El rol ahí de los adultos responsables de los niños y niñas es fundamental y por lo mismo, genera aún más preocupación también que sean ellos quienes son parte de quién está incentivando esta participación”, subrayó.
Finalmente, Rada se manifestó altamente preocupada por “la utilización de niños, niñas y adolescentes para la ejecución de cualquier acto delictual, no solo por el delito que se pretende cometer, sino que además se evidencia una clara vulneración de los Derechos del Niño en cuestión”, remató.
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