El gobierno de Ecuador insiste en una Constituyente pese a advertencias de inestabilidad

El gobierno ecuatoriano mantiene su apuesta por convocar una Asamblea Constituyente, mientras expertos constitucionalistas y políticos advierten que el país necesita cambios urgentes, pero que la vía planteada podría agravar la crisis política y social. La idea tomó fuerza tras la victoria del presidente Daniel Noboa, quien gobernará desde mayo de este año por un periodo completo (hasta mayo de 2029) y que, actualmente, está en una gira internacional.

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, defendió la necesidad de una “refundación del país” a través de un poder constituyente, afirmando que la actual Constitución de 2008 es “un traje a la medida” de un solo proyecto político (en referencia al correísmo) y que se ha convertido en una “camisa de fuerza” para los gobiernos posteriores. En entrevista en Vera a su manera, De la Gasca argumentó que el mandato popular expresado en las urnas el 13 de abril legitima avanzar hacia un proceso constituyente, más allá de las limitaciones que, en su opinión, ha impuesto la Corte Constitucional mediante dictámenes interpretativos.

Según el ministro, la consulta popular sería el mecanismo para convocar a la nueva Asamblea, en la cual se replantearía el modelo económico, la estructura de los poderes del Estado y la eliminación de organismos como el Consejo de Participación Ciudadana. De la Gasca reconoció, no obstante, que será necesario sortear los filtros constitucionales y políticos y que aún evalúan alternativas, como integrar una Asamblea mixta entre elegidos populares y representantes de sectores sociales.

La abogada y especialista en políticas públicas, Karen Sichel, cuestionó frontalmente la estrategia del gobierno. En diálogo con Teleamazonas, la mañana del 28 de abril, Sichel consideró que la Constituyente es “una vía mucho más arriesgada que genera más inestabilidad y más costos al país” y recordó que los cambios propuestos pueden alcanzarse a través de reformas parciales a la Constitución. De hecho, subrayó que la reforma parcial es un mecanismo profundo y eficaz que, además, evitaría los tres procesos electorales que implicaría una Constituyente.

Sichel alertó que una Constituyente puede tomar al menos dos años, con un gasto estimado en más de USD 200 millones y que en contextos como el de Chile, donde se intentó un proceso similar, la ciudadanía terminó rechazando el texto resultante. Para ella, el gobierno debe aprovechar la mayoría legislativa que tiene actualmente para impulsar reformas estructurales cuanto antes, mientras conserva un nivel aceptable de apoyo popular.

De manera similar, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner y el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, coincidieron en que el gobierno debe priorizar una agenda de unidad y reformas concretas antes que embarcarse en un proceso constituyente de alto riesgo. Entrevistados en Ecuavisa, la mañana del 29 de abril, Barrera advirtió que “la Asamblea Constituyente no es un fin, sino un medio”, y lamentó que hasta ahora no exista un horizonte claro ni un contenido definido sobre los cambios que se buscan. A su juicio, el país requiere de un acuerdo nacional entre Ejecutivo y Legislativo para emprender reformas puntuales, sin desviar la atención y el esfuerzo a una nueva Constituyente.

Sonnenholzner fue más categórico al señalar que “no es el momento adecuado” para plantear un proceso de tal magnitud, en medio de una crisis de inseguridad y dificultades económicas. A su criterio, cualquier iniciativa que implique frenar inversiones o generar incertidumbre prolongada sería irresponsable. Si bien reconoció que la Constitución vigente puede tener fallas, defendió la posibilidad de corregirlas mediante enmiendas o reformas parciales, especialmente para reforzar la seguridad jurídica, mejorar el régimen tributario y fortalecer la participación público-privada.

Tanto Barrera como Sonnenholzner alertaron sobre el peligro de repetir ciclos de inestabilidad política al refundar constantemente el país y cuestionaron la noción de que una nueva Constitución solucionaría automáticamente los problemas estructurales del Ecuador.

Aunque el gobierno ha dejado entrever que aún analiza alternativas, la narrativa oficial continúa impulsando la idea de que el país votó el 13 de abril por una “refundación”. Sin embargo, los expertos insisten en que ni los resultados electorales ni el contexto actual justifican una Constituyente como primera opción. La presión ahora recae sobre el Ejecutivo: definir si insistirá en la vía más incierta o si priorizará reformas estratégicas para sostener su gobernabilidad en el corto plazo.