Al menos 47 camiones, dos excavadoras, un camión cisterna, una motoniveladora fueron destruidos en el último ataque incendiario perpetrado por encapuchados armados en la Araucanía chilena.
Hasta las obras de la de la presa y central de Rucalhue se desplazaron este domingo de madrugada al menos cinco individuos con el rostro cubierto y fuertemente armados que golpearon y redujeron a dos guardias de seguridad.
La empresa Rucalhue Energía informó de los daños causados en un ataque incendiario ocurrido en las obras de la central de Rucalhue, que según indicó la propia empresa, están ubicadas en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.
La compañía indicó en un comunicado que está haciendo una evaluación completa de las pérdidas y que este tipo de hechos “no solo representa un atentado contra la infraestructura, sino también contra los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de derecho”.
El proyecto, agregó la compañía, “cumple con toda la normativa ambiental, social y técnica vigente, y que su desarrollo ha sido parte de un proceso transparente ante las instituciones del Estado”.
Carabineros confirmaron la maquinaria pesada afectada y han informado además de dos guardias lesionados. El acto ha sido condenado por el Gobierno, que ha adelantado que se querellará por Ley Antiterrorista en este caso.
“El atentado en la central Rucalhue en Alto BioBio merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia”, aseguró el presidente chileno, Gabriel Boric, en un mensaje publicado en su cuenta en X.
Críticas de la oposición
“Es inaceptable que sigan ocurriendo estos hechos de violencia en la región del Biobío. Este ataque tiene que abrir los ojos a todo el mundo político, a la Fiscalía y a los organismos de seguridad del país de que el terrorismo sigue actuando en la zona de Biobío”, afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados chilena, Eric Aedo, del Partido Demócrata Cristiano (DC).
“Esto es un llamado de atención a que el estado de excepción debe seguir funcionando y es también un llamado de atención en relación a qué está haciendo el Ejército y la Armada para prevenir estos hechos de violencia”, añadió.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), la diputada Flor Weisse aseguró que “estas conductas han sido toleradas por esta administración y no se resolverán con más burocracia ni con la creación de un nuevo Ministerio”. “Lo que necesitamos es acción, es voluntad política real para enfrentar el terrorismo con firmeza y decisión”, remarcó.
En el Biobío y otras zonas del sur de Chile, como La Araucanía, existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades radicales mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche y policías.
Desde mediados de 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso hasta la fecha, que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
(Con información de Europa Press y EFE)
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