En una operación nacional llevada a cabo la madrugada del 20 de marzo, la Policía Nacional de Ecuador detuvo a varios individuos presuntamente vinculados con la crisis carcelaria y los atentados con coches bomba que sacudieron al país en enero de 2024. Entre los arrestados se encuentra un “objetivo de alto valor” y dos de nivel intermedio, según informó la institución. Durante los operativos, se incautaron dispositivos móviles, documentos y equipos de comunicación que podrían ser clave para las investigaciones en curso.
La semana del 8 de enero de 2024 marcó uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Ecuador. Tras la fuga de alias Fito, líder de Los Choneros, la crisis se intensificó y se reportaron motines simultáneos en al menos siete cárceles del país, con la toma de rehenes en varias de ellas. Más de 150 guardias penitenciarios y personal administrativo fueron retenidos por los reclusos en un intento por desafiar el control estatal sobre los centros carcelarios.
Paralelamente, en ciudades como Guayaquil y Esmeraldas, se registraron atentados con explosivos y ataques coordinados contra la población civil y las fuerzas del orden. Vehículos fueron incendiados y detonados en plena vía pública, se reportaron ataques con armas de fuego y explosivos en infraestructuras. Estos hechos fueron atribuidos a grupos criminales con fuerte presencia en el país, que habrían reaccionado ante la fuga del narco.
El 9 de enero de 2024, ante la escalada de violencia con la toma de TC Televisión en medio de una transmisión en vivo, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en el país. Esta medida permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir directamente a las organizaciones criminales, catalogadas como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
La declaratoria significó un cambio drástico en la política de seguridad del gobierno, otorgando a las Fuerzas Armadas facultades excepcionales para realizar operaciones en zonas urbanas y rurales. Durante los días siguientes, se llevaron a cabo allanamientos masivos, patrullajes conjuntos entre militares y policías, y enfrentamientos armados en varias provincias. En los primeros días de la crisis se contabilizaron más de 30 fallecidos y decenas de heridos, incluyendo agentes de seguridad y civiles.
El decreto de conflicto armado interno también resultó en un aumento significativo de detenciones de presuntos miembros de organizaciones criminales, incluyendo líderes de bandas delictivas. Sin embargo, la violencia no cesó de inmediato, y durante las semanas posteriores se siguieron registrando ataques en distintas regiones del país.
Los operativos realizados esta madrugada forman parte de un esfuerzo de la Policía Nacional para desmantelar las redes criminales responsables de la crisis de enero de 2024. Aunque no se han revelado detalles sobre las identidades de los detenidos, la institución aseguró que entre los capturados hay individuos con roles clave en la planificación y ejecución de atentados con explosivos. Las autoridades han indicado que las investigaciones continúan y que se esperan más detenciones en los próximos días.
Mientras tanto, el gobierno de Noboa mantiene su estrategia de seguridad basada en la militarización y el combate frontal contra el crimen organizado, en un contexto donde la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
La comunidad internacional ha seguido de cerca la situación en Ecuador. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la ola de violencia desatada por grupos criminales y expresaron su preocupación por el impacto en los derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la situación de seguridad en Ecuador sigue siendo compleja. La ciudadanía demanda soluciones efectivas y duraderas que permitan recuperar la paz y la estabilidad en el país. Estas exigencias han sido parte central de los discursos de la campaña electoral que llegará a su fin con el balotaje del 13 de abril donde Ecuador decidirá si continuar con la administración de Noboa o regresar al proyecto correísta afín al socialismo del siglo XXI.
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