El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, reveló este miércoles que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, mantiene una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que identifica a funcionarios públicos, opositores y ciudadanos considerados una amenaza para su dictadura.
Según el informe presentado en Ginebra y difundido en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, esta estructura está integrada por miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales. Además, cuenta con centros de cómputo en cada municipio que recopilan información sobre la población.
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El informe detalla que todas las instituciones públicas están vinculadas a esta red mediante secretarios políticos, quienes identifican a funcionarios y otras personas a investigar. Esta información es procesada a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los expertos advierten que el régimen usa estos datos para vigilar, acosar, detener, expulsar e incluso despojar arbitrariamente de la nacionalidad a opositores.
El sistema de inteligencia del FSLN se alimenta de empleados públicos leales infiltrados en todas las instituciones estatales y de militantes del partido oficialista organizados en “Unidades de Victoria”, presentes en distritos, municipios y barrios.
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“Estas Unidades recogen información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y con los servicios de inteligencia de la Policía“, señala el informe.
A pesar de que el Ejército tiene prohibido participar en vigilancia política, los expertos confirmaron su rol en la represión y control de opositores. La red de espionaje del régimen opera desde los barrios hasta las alcaldías, ministerios y gobernaciones, garantizando el monitoreo constante de la población.
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<b>Detenciones y expulsiones arbitrarias</b>
La información recabada por esta estructura es utilizada para seleccionar a quienes serán perseguidos, procesados judicialmente o expulsados del país.
La Policía Nacional, la Dirección de Auxilio Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional trabajan de manera coordinada para detener y criminalizar a opositores reales o percibidos como tales.
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Asimismo, el Ejército ha jugado un papel clave en la expulsión de disidentes. Según el informe, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército comparte datos con altos mandos del FSLN y la Dirección de Inteligencia Policial para determinar quién debe ser expulsado.
El viceministro del Interior, Luis Cañas, es quien toma la decisión final sobre las expulsiones, basándose en esta información y en consultas directas con la vicepresidenta Rosario Murillo.
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El informe advierte que la estructura de inteligencia del régimen no se limita a opositores políticos, sino que toda la población es vigilada.
En 2024, la Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga a Telcor facultades para vigilar, interceptar y bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, así como geolocalizar a personas en nombre de la “seguridad nacional”.
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Como resultado, los ciudadanos enfrentan autocensura y temor a comunicarse con sus familiares en el extranjero, ante la posibilidad de que sus llamadas y mensajes sean interceptados ilegalmente.
“Esta vigilancia no se limita a opositores; toda la población es monitoreada a través del Ministerio de Salud, que realiza censos poblacionales con preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas", concluye el informe.
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Los expertos de la ONU alertaron sobre la creciente intensificación de la represión estatal, el uso del aparato de inteligencia para el control absoluto de la sociedad y la consolidación de un estado policial al servicio del régimen Ortega-Murillo.
(Con información de EFE)
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