El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, reveló este miércoles que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, mantiene una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que identifica a funcionarios públicos, opositores y ciudadanos considerados una amenaza para su dictadura.
Según el informe presentado en Ginebra y difundido en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, esta estructura está integrada por miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales. Además, cuenta con centros de cómputo en cada municipio que recopilan información sobre la población.
El informe detalla que todas las instituciones públicas están vinculadas a esta red mediante secretarios políticos, quienes identifican a funcionarios y otras personas a investigar. Esta información es procesada a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los expertos advierten que el régimen usa estos datos para vigilar, acosar, detener, expulsar e incluso despojar arbitrariamente de la nacionalidad a opositores.
El sistema de inteligencia del FSLN se alimenta de empleados públicos leales infiltrados en todas las instituciones estatales y de militantes del partido oficialista organizados en “Unidades de Victoria”, presentes en distritos, municipios y barrios.
“Estas Unidades recogen información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y con los servicios de inteligencia de la Policía“, señala el informe.
A pesar de que el Ejército tiene prohibido participar en vigilancia política, los expertos confirmaron su rol en la represión y control de opositores. La red de espionaje del régimen opera desde los barrios hasta las alcaldías, ministerios y gobernaciones, garantizando el monitoreo constante de la población.
<b>Detenciones y expulsiones arbitrarias</b>
La información recabada por esta estructura es utilizada para seleccionar a quienes serán perseguidos, procesados judicialmente o expulsados del país.
La Policía Nacional, la Dirección de Auxilio Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional trabajan de manera coordinada para detener y criminalizar a opositores reales o percibidos como tales.
Asimismo, el Ejército ha jugado un papel clave en la expulsión de disidentes. Según el informe, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército comparte datos con altos mandos del FSLN y la Dirección de Inteligencia Policial para determinar quién debe ser expulsado.
El viceministro del Interior, Luis Cañas, es quien toma la decisión final sobre las expulsiones, basándose en esta información y en consultas directas con la vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe advierte que la estructura de inteligencia del régimen no se limita a opositores políticos, sino que toda la población es vigilada.
En 2024, la Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga a Telcor facultades para vigilar, interceptar y bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, así como geolocalizar a personas en nombre de la “seguridad nacional”.
Como resultado, los ciudadanos enfrentan autocensura y temor a comunicarse con sus familiares en el extranjero, ante la posibilidad de que sus llamadas y mensajes sean interceptados ilegalmente.
“Esta vigilancia no se limita a opositores; toda la población es monitoreada a través del Ministerio de Salud, que realiza censos poblacionales con preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas", concluye el informe.
Los expertos de la ONU alertaron sobre la creciente intensificación de la represión estatal, el uso del aparato de inteligencia para el control absoluto de la sociedad y la consolidación de un estado policial al servicio del régimen Ortega-Murillo.
(Con información de EFE)
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