Tres de cada diez ecuatorianos caen del sistema financiero tras acceso a créditos

En Ecuador, tres de cada diez personas que ingresaron al sistema financiero formal entre 2019 y 2024 terminaron re excluidas al caer en cartera vencida, cartera castigada o al tener un récord crediticio inferior a 300 puntos. Así lo revela un informe de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) y el Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que advierte sobre la precariedad del acceso al crédito en el país.

Según el estudio, 1,1 millones de nuevos clientes fueron incluidos en el sistema financiero formal en el período analizado, pero 363.000 personas terminaron en condiciones de exclusión debido a problemas de pago y procesos judiciales relacionados con sus deudas. Este fenómeno, conocido como re exclusión financiera, afecta a personas que alguna vez tuvieron acceso al crédito pero que, debido a dificultades económicas, pierden nuevamente la posibilidad de acceder a productos financieros.

Para Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, el problema radica en que la inclusión financiera no debe ser vista únicamente como el ingreso de personas al sistema, sino como un proceso sostenible. “Estos datos nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos más sólidos para evitar este retroceso, pues la re exclusión financiera no solo afecta a quienes la padecen, sino que también debilita el tejido económico del país”, indicó.

El fenómeno afecta con mayor intensidad a ciertos grupos poblacionales. Entre 2019 y 2024, los hombres han sido los más perjudicados, con 245.000 casos de re exclusión, en comparación con las 153.000 mujeres afectadas en el mismo período. Además, el estudio muestra que los jóvenes menores de 25 años son el grupo con menor acceso al financiamiento y han experimentado un incremento alarmante en los niveles de re exclusión financiera. En 2019, 2.800 jóvenes se encontraban en esta condición, pero para 2024 la cifra se disparó a 19.500.

Otro factor determinante es el nivel de ingresos. Las personas que perciben menos de USD 800 mensuales son las más propensas a la re exclusión financiera, con un aumento del 46 % en esta situación entre 2019 y 2024. En términos absolutos, el número de afectados en este segmento pasó de 523.000 a 763.000. La falta de acceso a crédito formal y la alta tasa de morosidad han hecho que muchas de estas personas recurran a mecanismos informales de financiamiento, como préstamos entre familiares o prestamistas con altas tasas de interés.

Las provincias más afectadas por la re exclusión financiera coinciden con las de mayor población en el país. En Guayas, el 33 % de las personas que ingresaron al sistema financiero terminaron excluidas nuevamente. Manabí presenta un 27 % de re exclusión y Pichincha un 22 %, lo que significa que estas tres provincias concentran casi el 60 % de los afectados a nivel nacional.

El problema de la re exclusión financiera no solo impacta a los individuos, sino que también tiene consecuencias en la economía del país. Un sistema crediticio ineficiente y poco accesible limita el crecimiento del sector productivo y dificulta la generación de empleo. La falta de financiamiento restringe la capacidad de inversión de pequeñas y medianas empresas, lo que a su vez afecta la dinamización del mercado laboral. Según el Banco Mundial, el acceso a crédito es un factor clave para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico sostenible.

Desde el ámbito académico, Diego Grijalva, director del Instituto de Estudios Empresariales de la USFQ, señala que “cuando una persona que ya ha sido parte del sistema financiero enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones y se ve excluida nuevamente, se generan ciclos de endeudamiento y precarización económica que pueden volverse estructurales”.

Para enfrentar este problema, expertos sugieren fortalecer la educación financiera y diseñar estrategias de alivio para quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones. En este sentido, Llerena destaca la importancia de desarrollar herramientas de educación financiera dirigidas a la población más vulnerable, además de implementar políticas que permitan evaluar la situación de los clientes en riesgo de re exclusión y ofrecer soluciones alternativas dentro del sistema financiero.