El último tramo que hizo el sindicalista argentino Marcelo Balcedo antes de ser detenido fue desde Buenos Aires a la costa uruguaya. En el verano de 2018, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) llegó en su aeronave que alquilaba por 105 mil dólares por mes. El avión Gulfstream IV, que es común para el uso privado y de negocios, quedó varado en Uruguay. En la Justicia se abrió una discusión por su mantenimiento.
El Estado uruguayo fue condenado a pagar a la empresa propietaria del avión incautado al empresario y sindicalista, informó este jueves el semanario uruguayo Búsqueda. El fallo de primera instancia obliga a Uruguay a cubrir los USD 644.909 que costó haber mantenido el avión estacionado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco entre enero de 2018 y diciembre de 2021 y dispuso además el pago de los costos de mantenimiento, aunque en este caso no especificó un monto.
El reclamo fue presentado por la sociedad anónima norteamericana Matriz Aviation Inc. en 2022 y originalmente incluía el lucro cesante, además del mantenimiento y el estacionamiento aeroportuario. El reclamo era por USD 14 millones.
La demanda de la empresa apuntaba contra la Fiscalía, el Poder Judicial y el Fondo de Bienes Decomisados. Este último organismo funciona en la órbita de Presidencia, que será la que deberá pagar el valor del mantenimiento y la reparación del avión privado.
La sociedad anónima reclamaba USD 5.830.000 por el “daño emergente producto de no hacerse el mantenimiento previsto por el fabricante y sometimiento a un overhaul total”. En el escrito detallaban que habían gastado unos USD 300 mil por reparaciones que debieron hacer en Estados Unidos.
Sin embargo, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, consideró que el costo de mantenimiento que deberá pagar el Estado es el que surja de la liquidación que incluya “los montos efectivamente pagos y documentos de manera fehaciente de todas las reparaciones realizadas al avión con anterioridad y en fecha posterior inmediata, efectuadas en el país o en el extranjero”, según la sentencia informada por el medio uruguayo.
Además, el juez consideró que el Estado uruguayo no puede ser responsabilizado por el supuesto lucro cesante de la compañía, ya que eso “obedeció a conductas claramente imputables” a Balcedo.
La Justicia uruguaya también desestimó otra demanda que había presentado el argentino y una empresa representada por él. Reclamaba USD 22 millones al Estado porque estropeó el contrato de leasing al decomisarle y retenerle el avión en el marco de la investigación penal.
El avión que usaba Balcedo es un Gulfstream IV, el cual tiene diversas variantes. Es muy común para el uso privado y para los negocios, pero también tiene usuarios militares, como por ejemplo el Ejército y la Armada de los Estados Unidos y la Armada de México. Según el modelo, el costo de fabricación puede ir desde los 33 millones de dólares hasta los 38 millones de dólares. Las distintas variantes son G400, G350, G450, C-20G (operaciones de carga o hasta 26 pasajeros), C-20H, C-20J y C-20F (los utilizan el Ejército de EEUU para transporte ejecutivo o de comando).
Mientras tanto, Balcedo y su esposa, Paola Fiege, siguen viviendo en Uruguay con acceso a buena parte de su fortuna. Balcedo fue condenado en Uruguay en 2020 por lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas, mientras que Fiege fue sentenciada por ser autora de un delito de asistencia para el lavado de activos. A cambio, entregaron algunos de los bienes para que sean rematados y otros como medida cautelar mientras cumplían la condena, que luego debían ser devueltos.
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