Uruguay evalúa cambiar a la ley de promoción de inversiones tras el retiro de la multinacional Yazaki

El cierre de la autopartista japonesa Yazaki en Uruguay dejó a unas 1.200 personas sin trabajo. La multinacional tenía dos fábricas en Uruguay. La principal estaba en Colonia (funcionaba con unas 800 personas) y la otra en Las Piedras (tenía 300 empleados). El cierre de la empresa se da en medio de la transición de gobierno y genera preocupación en las autoridades electas, que buscan algunas alternativas a la crisis del sector industrial.

Ni el sindicato ni el gobierno esperaban una decisión así, aunque había advertencias por la falta de competitividad y por los conflictos sindicales. En un breve comunicado, la empresa argumentó que dejaba el país por los altos costos.

Una vez que se confirmó la decisión –el jueves 30–, los ministerios de Trabajo e Industria se reunieron con los representantes de la empresa en Uruguay, quienes les informaron que la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás: fue la casa matriz de Yazaki en Japón la que resolvió sobre este caso.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo propuso instalar un ámbito de negociación para que la empresa pueda ayudar a la recapacitación del personal que queda sin trabajo y para intentar que los despidos que paga sean superiores a lo que estaba previsto.

Desde el movimiento sindical, uno de los argumentos que utilizan para cuestionar el cierre repentino de Yazaki es que la empresa había recibido exoneraciones de parte del Poder Ejecutivo en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Esta norma prevé algunos beneficios fiscales para las empresas que invierten en el país y cumplen con determinados requisitos. En el gobierno entrante, creen que esta norma debe ser revisada.

Así lo planteó el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, en una visita que hizo a la planta de Yazaki en Las Piedras. Consideró necesario “darle una revisión” a algunas leyes para determinar si es necesario “algún ajuste” para proteger a los trabajadores.

“Si hay una ley que efectivamente hace que venga la inversión de capitales para instalar industrias, debe tener también una contraparte. No puede ser que nosotros y toda la sociedad uruguaya se entere de un día para el otro que la empresa se retira”, dijo Castillo, un viejo integrante del PIT-CNT (la central sindical de Uruguay) y secretario general del Partido Comunista.

“Acá los trabajadores y las trabajadoras reclaman trabajo, ellos quieren saber cuándo van a volver a entrar a trabajar. Sea con el nombre que tenga que tener la empresa y bajo el logo que tenga que tener”, declaró el futuro jerarca en una rueda de prensa.

Tras informar que se retiraría del país, Yazaki tuvo una reunión en la Cámara de Industrias en la que informó que llevar su producción a otras zonas de la región (como Paraguay y Argentina) le reduce los costos al menos un 20%. En ese encuentro, también insistió en los problemas en la cadena de producción que le generaban los conflictos sindicales, según dijo Gabriel Murara, el vicepresidente de la gremial, al noticiero Telemundo de Canal 12.

El futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo al mismo medio que las personas que perdieron su trabajo son, en su mayoría, mujeres y jefas de familia. “El principal desvelo es cómo hacemos para crear puestos de trabajo de calidad y sostenibles a lo largo del tiempo”, señaló.

Oddone reconoció que Uruguay tiene “problemas de costos” para industrias como Yazaki. “Uruguay por diversas razones es un país caro y atravesamos una situación circunstancialmente afectada por los temas de competitividad. Yo tengo la impresión que estos temas son los que están detrás”, señaló el futuro ministro.

“Creo que las relaciones laborales en Uruguay son más rigurosas que en otros lugares de la región, pero están lejos de ser algo inmanejable. En distintos momentos del tiempo, algunos países de la región tienen situaciones políticas y económicas muy cambiantes. Uruguay es un país estable en ese sentido, con reglas de juego claras, con estabilidad en sus relaciones laborales. Es un país que se preocupa por proteger los derechos de las personas”, expresó.