Chile promulgó el martes una nueva ley antiterrorista en medio de los esfuerzos por frenar el crimen organizado y ante la necesidad, según el gobierno, de que el país cuente con una legislación “moderna, actualizada y aplicable” para castigar esos delitos.
“Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”, dijo el mandatario Gabriel Boric durante un acto en el Palacio de La Moneda de Santiago al promulgar la norma, considerada una de las prioridades del gobierno en medio de la crisis de inseguridad sin precedentes que azota el país. Fue aprobada con un apoyo transversal en el Congreso en diciembre.
Entre otros puntos, la ley “redefine y tipifica” los delitos considerados como actos terroristas; fija sanciones penales para quienes forman parte de una asociación terrorista; contempla delitos individuales y estipula la persecución y sanción de individuos que cometen delitos “comunes”, como extorsión, tráfico de drogas o de armas, con la intención de favorecer el funcionamiento de las asociaciones terroristas.
La nueva ley sustituye asimismo la norma anterior, creada en 1984 durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), y entrega un “marco más moderno, eficaz y democrático a la legislación”, según explicó el mandatario chileno.
“Hemos dejado atrás una ley nacida en dictadura, que tenía problemas de legitimidad, pero que además era ineficiente”, explicó Boric, que recordó algunas querellas presentadas a través de la antigua ley “con mucha energía”, pero que finalmente no terminaban en condenas “porque no era posible probarlas”.
“Esta actualización de la ley antiterrorista es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado”, acotó Boric. Agregó que permitirá “avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito con nuevas instituciones y con policías mejor equipadas y más protegidas”.
La crisis de inseguridad que ha golpeado desde 2019 a Chile, considerado hasta hace poco como uno de los países más seguros y estables de América Latina, se convirtió en una de las prioridades del Ejecutivo, que desde 2022 ha impulsado una agenda que contempla una serie de medidas para mitigar una delincuencia en ascenso en los últimos años.
Chile registró un total de 2.664 homicidios entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, según las últimas cifras oficiales conocidas, muy por encima del total de 1.248 asesinatos registrados a lo largo de todo el 2023.
La creciente ola de violencia, que las autoridades vinculan a la entrada de bandas de crimen organizado que hasta entonces no habían conseguido penetrar en el país, llevó a la discusión y aprobación de una serie de proyectos prioritarios, como un mayor control fronterizo, el endurecimiento de las leyes migratorias y la creación de un Ministerio de Seguridad, que hasta ahora operaba bajo el paraguas de la cartera de Interior.
“En total hemos despachado más de 60 leyes en materia de seguridad”, destacó Boric. “Este 2025 vamos a seguir firmes para concretar transformaciones que son necesarias”.
(Con información de AP y EFE)
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