El caso judicial de Evo Morales desató una lucha de acusaciones en Bolivia que involucra hasta supuestos francotiradores

La declaratoria de rebeldía de Evo Morales por la investigación que lo acusa por el delito de trata de personas desató una guerra de acusaciones entre el ex presidente y funcionarios del Gobierno de Luis Arce, al que atribuye estar detrás del juicio en su contra como un acto de lawfare para eliminarlo del escenario político.

En las últimas horas, Morales acusó al Gobierno de acuartelar a los militares para planificar su detención con apoyo de Estados Unidos y de negarle el acceso a la salud pública mediante amenazas y hostigamiento a médicos. Dos ministros negaron estas versiones y lo acusaron de mentir con la intención de “victimizarse” y generar temor.

Este domingo, el ex presidente denunció el avance de agentes extranjeros y el incremento de militares bolivianos en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical donde sus seguidores han reforzado su seguridad.

“No solo quieren encarcelarme. Quieren asesinarme porque el gobierno de (Luis) Arce y (David) Choquehuanca, busca agradar a la derecha boliviana y cumplir su acuerdo secreto con EEUU”, señaló Morales en un mensaje publicado en su cuenta de X, en referencia a la balacera que sufrieron sus vehículos el pasado 27 de octubre cuando denunció un intento de asesinato.

“Ahora han vuelto a actuar. Se encuentran avanzando en territorio cercano al Trópico, incrementaron militares expertos en inteligencia y enviaron francotiradores”, escribió el ex mandatario desde sus redes sociales y agregó: “Mi cuerpo podrá caer. Pero no me silenciarán”.

Por otro lado, el líder cocalero incriminó al Ejecutivo por negarle el derecho a la salud: “El Gobierno impidió con amenazas a profesionales cardiólogos, neumólogos, entre otros, que revisen mi estado de salud, por la bronquitis, hipertensión aguda y bradicardia que me afecta en la actualidad. Esto es un verdadero abuso y una violación de derechos fundamentales como el acceso a la salud”. Anteriormente había manifestado que la doctora que firmó el certificado de salud que presentó ante la el juez para justificar su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares, fue despedida.

Ambos señalamientos fueron rechazados por funcionarios del Gobierno. Tanto el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, como la ministra de Salud, María Renee Castro, negaron ambas acusaciones. “Quiero desmentir de forma categórica que no existe ningún acuartelamiento y las afirmaciones mentirosas sólo buscan victimizarse y generar temor, zozobra y malestar en los pobladores del Trópico de Cochabamba”, manifestó Novillo, quien también fue aliado de Morales cuando estuvo en el poder.

En tanto, la ministra Castro calificó estas declaraciones como “absolutamente falsas” y que son una falta de respeto para los médicos que realizan su labor. “Rechazamos categóricamente estas acusaciones falsas y malintencionadas, que no hacen más que desinformar y generar confusión”, afirmó la ministra.

Morales, que debía comparecer en una audiencia de medidas cautelares el viernes, fue declarado rebelde y la Justicia dispuso su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias, la anotación de su bienes y la emisión de una orden de aprehensión. El ex presidente había justificado su ausencia bajo el argumento de que no fue notificado y estaba delicado de salud con un cuadro de bronconeumonía que lo obligaba al reposo absoluto.

No obstante, en los días previos y siguientes a su audiencia se difundieron videos en los que se lo ve caminando en la calle con su equipo de seguridad y grabando una canción con creadores de contenido extranjeros. Aunque no se ha confirmado la fecha de ambos registros, los videos circularon horas antes de su audiencia.

Morales está imputado por el delito de trata de personas por presuntamente haber embarazado a una menor de edad cuando era presidente y la Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para el ex jefe del Movimiento Al Socialismo.