
Gabriela era una funcionaria civil de la cárcel de Santiago Vázquez en Uruguay, popularmente conocida como Comcar. En ese lugar –uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país– tenía que tratar de forma cotidiana con Andrés, un recluso por seis delitos de rapiña, un hurto, una fuga y un copamiento. Durante una charla sobre cómo le estaba yendo en los estudios de Ciencias Sociales, ella se ofendió con un piropo ofensivo de él.
“¡Terminala por acá si no querés irte a Libertad!”, le dijo esta funcionaria, según la historia narrada por El Observador. Ese es el nombre de la cárcel más peligrosa del país, que es sinónimo de prohibiciones. En realidad, Andrés estaba enamorado de Gabriela, una funcionaria que lo escuchaba, no lo juzgaba y le servía de contención. Ella también sentía atracción: veía en el preso ganas de rehabilitarse.
En septiembre de 2020, a Andrés le confirmaron que sería condenado a 15 años y él se enfureció. Tomó pastillas y fue trasladado al penal de Libertad. Gabriela, que ya no lo veía con la frecuencia de antes, se preocupó por él y comenzó a indagar por su situación. Incluso coincidió en algunas reuniones con su madre, una especialista en infancia y activista de una ONG de familiares de presos.

El vínculo entre un preso y una operadora era incompatible, pero a través de la eventual suegra comenzó la relación. Intercambiaron cartas –”Te amo”, se escribieron en uno de los textos– y luego se comenzaron a destinar los nueve minutos diarios de llamadas telefónicas que tienen autorizados los privados de libertad en esa cárcel de máxima seguridad. Andrés le diseñó un diccionario sobre las palabras clave para entender los conceptos de una nueva carrera universitaria.
La operadora penitenciaria quiso dar un paso más: quería ir a visitar a Andrés al penal, pero ahí empezó el calvario, según relató al medio uruguayo. “Psicológicamente me hacían ver que eso estaba mal, que yo no podía mantener un vínculo, que como era mujer seguro él quería aprovecharse (extorsionarla) o bien que yo era una traficante… el machismo también está presente en el lugar en el que las personas deberían rehabilitarse”, contó la funcionaria.
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) –la oficina a cargo del control de las cárceles– le inició un sumario a Gabriela, pese a que no fueron pareja mientras coincidían en el penal. La investigación sugería que se podía poner en riesgo la seguridad de la cárcel si ellos dos estaban juntos. El resultado de la investigación llegó dos años después: la funcionaria fue sancionada con seis días de retención del sueldo por no haber presentado la solicitud ante su jefe.

Con el traslado de Andrés al penal de Libertad, la pareja dejó de compartir unidad penitenciaria, ambos tenían buen comportamiento y de la investigación no había surgido ningún posible riesgo. Sin embargo, las visitas seguían negadas.
Fue entonces que la sumariada recurrió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que concluyó que se vulneró el derecho a las visitas de Gabriela y Andrés. Esta oficina concluyó que no se actuó conforme a la normativa nacional e internacional.
“Uno no elige de quién enamorarse, simplemente se enamora”, declaró Gabriela a El Observador.
La funcionaria ahora se cambió de cárcel para que Andrés pudiera regresar como recluso del Comcar. Y, mientras, siguen acumulando cartas. El recluso continúa con los estudios de su carrera universitaria, que en algún momento dejó trunca.
El sistema carcelario en Uruguay está en un momento crítico. La Oficina del Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario describe que la mayoría de las cárceles de Uruguay atraviesan un hacinamiento “crítico” que no tiene posibilidades de tratamiento y termina derivando en “violencia” y “descontrol”. La alimentación en varias de las unidades es “pésima” y hay una “debilidad generalizada” en la atención en salud, al tiempo que las actividades educativas tienen un “espacio limitado”.
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