El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este domingo que su Gobierno no permitirá que las fuerzas de seguridad ejecuten órdenes “ilegales” emitidas por el Ministerio Público (Fiscalía), liderado por Consuelo Porras Argueta, sancionada internacionalmente por corrupción. La declaración llega tras un allanamiento en la residencia del ex ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, miembro del oficialista Movimiento Semilla.
En una rueda de prensa de emergencia, Arévalo calificó de “espuria” la acción judicial y aseguró que “la justicia en Guatemala está en crisis”.
El mandatario citó nuevamente a Consuelo Porras para que explique su actuación, como lo exige la ley. Además, anunció la creación de un mecanismo para evitar que la fuerza pública bajo su mando ejecute órdenes que considere ilegales.
El allanamiento, llevado a cabo por la Policía Nacional Civil bajo instrucciones de la Fiscalía, tuvo como objetivo la residencia de Félix Alvarado, investigado por presunto lavado de dinero. Sin embargo, el caso se encuentra bajo reserva, lo que limita el acceso público a los detalles de la investigación.
“Hoy nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público”, subrayó el mandatario, quien asumió la presidencia en enero.
Félix Alvarado dejó su cargo como ministro de Comunicaciones esta semana, tras apenas seis meses en el puesto. Según Alvarado, su salida respondió a diferencias con el presidente Arévalo sobre el rumbo de la institución. Analistas señalan que su gestión había cerrado un “foco histórico de corrupción” vinculado a sobornos de constructoras, un problema recurrente en el país.
El diputado oficialista Samuel Pérez Álvarez denunció el allanamiento como un ataque político. “Lo que quieren hacer con Félix Alvarado ya es una declaratoria abierta y directa de confrontación del Ministerio Público”, dijo Pérez, acusando a la Fiscalía de buscar medidas como la retención del pasaporte del ex ministro.
El allanamiento en la residencia de Alvarado se suma a más de una decena de procedimientos judiciales que el Ministerio Público ha iniciado desde 2023 contra el Movimiento Semilla y sus miembros tras su victoria electoral. Entre estos, destaca la detención de la ex diputada Ligia Hernández, quien estuvo más de 90 días en prisión.
El partido oficial y organismos internacionales han catalogado estas acciones como intentos de la Fiscalía por desestabilizar al Gobierno y revertir los resultados electorales. Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, y su cúpula han sido sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción y ataques contra la democracia.
Arévalo reiteró su compromiso de proteger la institucionalidad y denunció que estas acciones judiciales son una amenaza directa a la democracia. “No permitiremos que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales que sean emitidas por el Ministerio Público”, afirmó.
El presidente destacó que Guatemala atraviesa un momento crítico en su sistema de justicia y señaló que es fundamental actuar con firmeza para garantizar el respeto a la ley. “El deber de las instituciones es defender el Estado de derecho, no destruirlo”, añadió.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Guatemala, donde las sanciones contra Consuelo Porras han sido interpretadas como un mensaje de rechazo a las prácticas corruptas de la Fiscalía.
Mientras tanto, el Gobierno de Arévalo enfrenta el desafío de garantizar la estabilidad institucional frente a lo que describe como un hostigamiento judicial continuo.
(Con información de EFE)
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