El Gobierno de Luis Arce y el equipo jurídico de Evo Morales sostendrán un encuentro este viernes tras casi dos meses de conflictos con marchas y bloqueos. La reunión se realizará en la Defensoría del Pueblo, institución que propicia el diálogo, donde se instalarán tres mesas de trabajo.
Los temas a tratar están relacionados a la crisis económica, asuntos de carácter político y gestión de la conflictividad de parte de las fuerzas públicas, según informó a los medios Nelson Cox, uno de los abogados del líder cocalero que participará en la sesión.
La administración de Arce había condicionado el diálogo a que se levanten los bloqueos y los temas se limiten a las competencias del Órgano Ejecutivo, con lo cual los asuntos judiciales y electorales que preocupan al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), quedarán fuera de debate.
El encuentro está previsto para las 15:00, a horas de que termine el cuarto intermedio que establecieron los dirigentes sociales afines a Morales tras 23 días de bloqueos. El miércoles por la mañana anunciaron una pausa temporal de 72 por razones “humanitarias”.
En representación del evismo estarán Cox y Wilfredo Chávez, uno de los colaboradores más cercanos de Morales, quienes participaron en un encuentro previo para planificar las mesas de trabajo. De lado del Gobierno acudieran viceministros y directores de áreas según los temas que se traten, informó Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías a Infobae.
Conflicto entre Arce y Morales
Ambos líderes políticos están distanciados desde 2021 por diferencias en la gestión del Estado, el control del partido y la candidatura para las elecciones presidenciales de 2025. Desde entonces, no han podido resolver sus diferencias por vías institucionales y en los últimos dos meses el conflicto ha tomado las calles.
En septiembre, Morales encabezó una multitudinaria marcha de siete días a La Paz y entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre sus seguidores realizaron un bloqueo de caminos que llegó a tener 23 piquetes simultáneos paralizando una parte del país y dejando incomunicadas a las dos ciudades más grandes, La Paz y Santa Cruz.
El evismo reclama que se libere al líder cocalero de los procesos judiciales que enfrenta en lo que consideran una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político. El caso que ha cobrado más notoriedad es una acusación de trata de personas y estupro por la que fue convocado a declarar ante la Fiscalía y no se presentó, por lo que puede ser aprehendido por las autoridades.
Por otro lado, sus seguidores reclaman acciones al Gobierno para paliar la crisis económica y que se aumente la provisión de dólares y combustible. En cuanto a lo político, exigen que se valide un congreso del partido que ratificó a Morales como líder y lo proclamó candidato a las elecciones de 2025.
En el Gobierno acusan a Morales de desestabilizar el país mediante protestas que buscan su impunidad y su habilitación como candidato, que está en entredicho por una sentencia judicial y porque la Constitución Política del Estado no establece de manera explícita si puede volver a ser candidato tras dos periodos consecutivos.
El bloqueo suspendido el miércoles generó pérdidas millonarias en varios sectores, principalmente productivos y del transporte, y ha provocado que se agudice la escasez de combustible en Bolivia. Desde hace una semana se registran largas filas en los surtidores de gasolina y diésel y los conductores reportan esperas de más de doce horas para cargar sus tanques.
El Gobierno atribuye la escasez a la alteración que sufrió la logística de distribución con los bloqueos pero desde hace más de un año que hay periodos de desabastecimiento, principalmente de diésel, por la baja producción local y la dificultad de importar por la falta de dólares.
En ese contexto, varios sectores están expectantes por la reunión entre el evismo y la administración de Arce, a cuya guerra interna atribuyen la agudización de la crisis económica, institucional y política que atraviesa el país en el último año. La desescalada de las protestas supondrá una tregua en la prolongada conflictividad del país.
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