Faltando 45 días para la celebración de las elecciones judiciales en Bolivia, dos fallos emitidos por tribunales departamentales pueden paralizar el proceso electoral con el que se deben renovar las altas magistraturas del Órgano Judicial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha calificado estas acciones como un “golpe a la democracia”.
Los fallos de ambas salas constitucionales son el resultado de acciones judiciales presentadas por postulantes que no fueron seleccionados para la votación. Por un lado, la Sala Constitucional de Pando declaró “desierta” la convocatoria para elegir a los jueces al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras un amparo presentado por una candidata previamente excluida del proceso de selección. De igual manera, la Sala Constitucional Primera de Beni declaró “desiertas” la convocatoria de aspirantes al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras la denuncia de un postulante que afirma haber sido excluido a pesar de haber aprobado los exámenes.
El vicepresidente del Órgano Electoral, Francisco Vargas, manifestó que se trata de un “golpe a la democracia” y afirmó que nunca hubo un proceso electoral con tantas trabas. “No se dio seguridad jurídica al TSE, a los candidatos y a los electores”, manifestó Vargas en conferencia de prensa y añadió que las salas constitucionales se “extralimitaron” en sus decisiones pasando por encima a dos poderes del Estado.
En la audiencia celebrada en la Sala Constitucional del Beni, los jueces ordenaron devolver las listas de los candidatos judiciales al TSJ y al TCP a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que “puedan ser subsanadas respetando todos los parámetros establecidos en la presente resolución”, indica parte el fallo. Sobre la resolución emitida en Pando, el TSE no había recibido notificación oficial hasta el cierre de esta nota.
El investigador y ex presidente del TSE, José Luis Exeni, explicó a Infobae que todos los fallos de las salas constitucionales son revisables por el Tribunal Constitucional Plurinacional y que el Órgano Electoral puede presentar una medida cautelar que debe ser atendida de inmediato. “El TSE tiene que plantear esa medida cautelar y en ningún caso puede acatar la decisión (de las salas constitucionales). Un proceso no puede paralizarse, al TSE le corresponde preservar el derecho de la ciudadanía de elegir que es lo que se estaría violando en este caso”, manifestó.
El proceso electoral está convocado para el 1 de diciembre y 7,3 millones de personas están habilitadas para votar. El vocal Tahuichi Tahuichi informó que hasta la fecha se ejecutaron 55 millones de bolivianos, cerca de 7,8 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
La decisión de las salas constitucionales ha provocado un fuerte rechazo debido a las postergaciones que ha sufrido el proceso electoral. Los magistrados actuales debían concluir funciones en 2023 pero extendieron arbitrariamente sus mandatos alegando que no podía haber acefalías en el poder judicial. Esta decisión ha causado tensiones políticas y protestas de la sociedad civil.
El ex presidente Carlos Mesa responsabilizó al Gobierno por esta maniobra judicial. “El gobierno de Arce secundado por jueces obsecuentes, acaba de perpetrar un nuevo golpe a la democracia, intentando otra vez anular las elecciones judiciales para que los `autoprorrogados´ sigan usurpando funciones y cometiendo ilegalidades. La democracia asediada sin freno”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, la senadora Andrea Barrientos publicó en su cuenta de X: “Los magistrados ‘autoprorrogados´ vuelven a paralizar las elecciones judiciales, burlándose de la voluntad popular y aferrándose al poder corrupto. Su desprecio por la democracia es evidente. ¡Basta de excusas! El pueblo exige un cambio real y la limpieza de este sistema podrido”.
Un camino lleno de obstáculos
En las elecciones judiciales se elige por voto popular 26 magistrados del Órgano Judicial, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional, además del Consejo de la Magistratura. En todos los casos, se elige titulares y suplentes.
La votación debía haberse realizado el año pasado pero sufrió una serie de retrasos debido a que ningún partido de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la convocatoria ni la lista de candidatos. Cuando finalmente se logró convocar el proceso electoral, se presentó una seguidilla de recursos judiciales que demoraron aún más la realización del proceso.
Ese retraso derivó en la controvertida ´autoprórroga´ de los magistrados hasta la elección de nuevos jueces. Si bien la extensión de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.
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