La Justicia de Cuba ratificó su sentencia contra cinco civiles que se manifestaron el 7 de mayo de 2023 en Caimanera, en contra del régimen y su mal gestión de la crisis en la isla. La noticia se conoció este martes, luego de que un tribunal de esta ciudad, al este del país, rechazara la apelación del grupo a sus condenas.
“La apelación fue desestimada, se mantiene la sentencia tal como estaba para cada uno de los muchachos, que van de entre dos a ocho años”, señaló Giselle Morfi, jefa del equipo legal de la ONG Cubalex.
Los cinco sujetos habían salido, junto a otro tanto de cubanos, a las calles en mayo de 2023 al grito de “Libertad, Libertad”, para manifestar su descontento con las autoridades. Sin embargo, como suele ocurrir en la isla, las fuerzas de seguridad atribuyeron la protesta a una “indisciplina” de personas embriagadas y los detuvieron.
Luego, la Justicia los acusó de delitos de desorden público, instigación a delinquir y atentado, y los sentenció a pasar tiempo tras las rejas.
El pasado 9 de julio, sin embargo, apelaron a sus penas aunque el intento fue en vano, excepto para un sexto joven que sí consiguió ser absuelto.
A pesar de que los cinco aún pueden solicitar un procedimiento especial de revisión ante el Tribunal Supremo o ante el Ministerio de Justicia, lo cierto es que sus familias tienen ya pocas esperanzas de conseguir su libertad, ya que se trata de una metodología clásica del régimen.
“Esto es una lección que están dando al pueblo para que nadie más vuelva a salir a la calle a manifestar”, lamentó Victoria Martínez, madre de dos de los sentenciados, quien agregó que el escenario en la ciudad no ha mejorado en lo absoluto desde entonces.
“La situación en Caimanera está bien pésima, empezando por la electricidad. Nos la están quitando todos los días, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche”, lo que se suma a la escasez de alimentos, medicamentos y combustible denunció.
La crisis económica -la peor en tres décadas- es uno de los tantos problemas a los que se enfrentan los cubanos a diario. Desde las protestas históricas del 11 de julio de 2021, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la persecución contra la disidencia, en un intento por minimizar su voz y fortalecer su gestión.
Según la organización de derechos humanos Justicia11J, solo en aquella oportunidad 1.584 personas fueron arrestadas por delitos de sedición, con 607 aún tras las rejas y 10% condenadas con penas de hasta 25 años.
Por su parte, la ONG Prisoners Defenders denunció el pasado mayo un aumento significativo en las personas privadas de su libertad injustamente en la isla, “sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional”. Asimismo, de la cifra total actual, al menos 30 son menores.
“Están famélicos, enfermos, sin atención médica y torturados” se lee en un reciente informe de la organización, que precisa a su vez que “la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos son tres factores de tortura habitual para los prisioneros políticos y de conciencia” en la isla.
(Con información de AFP)
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