Opositores nicaragüenses advirtieron que el régimen de Daniel Ortega busca legalizar una “represión transnacional”

La reforma al Código Penal de Nicaragua promovida por Daniel Ortega -que enjuiciaría a los nicaragüenses que hayan cometido fuera del país delitos contra la administración pública, contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, entre otros- es un arma de represión transnacional, alertaron este viernes opositores y abogados.

“Esta reforma no solo busca ampliar la capacidad del régimen para perseguir a los opositores dentro de Nicaragua, sino que también extiende su alcance más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en un arma de represión transnacional”, señaló en un análisis el dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga.

“Ortega ya no se conforma con encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos (de Nicaragua); ahora pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos que se encuentran en el exilio, ampliando su capacidad para silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”, argumentó Maradiaga en un escrito titulado “La dictadura de Ortega hace preparativos para más expulsiones” y publicado en la plataforma Confidencial.

La enmienda, que propone reformar 27 de los 568 artículos del Código Penal, establece que las leyes penales del país serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, y crimen organizado.

Además, delitos contra la administración pública; contra el Estado o sus instituciones; ciberdelitos; cualquier otro que pueda ser perseguido en Nicaragua, conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país, entre otros.

Las penas por esos delitos, según la iniciativa, van desde las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multa. En los casos de encarcelamiento, en casos de delitos graves, las penas serán hasta de prisión perpetua revisable.

“Es una declaración de guerra”

Para Maradiaga, que es politólogo y académico activista, esa reforma “es una escalada peligrosa en su estrategia de represión”.

“No es simplemente una nueva ley; es una declaración de guerra contra todos aquellos que desafíen al régimen, estén donde estén”, sostuvo el dirigente opositor, que auguró un mayor número de personas privadas de su nacionalidad y de sus bienes.

Advirtió que la reforma amplía peligrosamente las definiciones de terrorismo, crimen organizado y otros delitos, “otorgando al aparato judicial de la dictadura un poder casi absoluto para silenciar cualquier forma de disidencia”.

Según Maradiaga, esa reforma penal es aún más severa que la Ley de Ausentes promovida durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), mediante la cual se confiscó las propiedades de los nicaragüenses que tenían dos años o más de no residir en Nicaragua.

Juzgarán en ausencia

Para el ex diputado opositor y abogado nicaragüense exiliado Eliseo Núñez, con los cambios planteados en el Código Penal cualquier persona acusada por los delitos señalados podría ser sentenciado a cadena perpetua y en ausencia.

La abogada y defensora de derechos humanos exiliada Yonarqui Martínez dijo a 100% Noticias que juzgar en ausencia es “grave, porque se está haciendo un retroceso a la norma en cuanto a juzgar a una persona que está fuera del país”.

“El Código Penal dice que la naturaleza del proceso es la búsqueda de la verdad y dentro de la búsqueda de la verdad está que la persona debe de estar presente en todo el proceso, sino hay una suspensión del proceso. Si la persona no está, pero si en este caso te van a procesar ¿Quién te va a defender?”, argumentó Martínez, para quien habrá “una violación hacia los derechos del acusado”.

La activista no descartó que la reforma penal tenga un trasfondo político para acallar a las víctimas y defensores de derechos humanos que aseguran tener evidencias de la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado de Nicaragua.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para su consulta y dictamen, y se espera sea presentada al plenario en los próximos días.

(Con información de EFE)