El astillero español Cardama demora la entrega de las patrullas oceánicas compradas por Uruguay

La administración de Luis Lacalle Pou se trazó como uno de sus principales objetivos la renovación de la flota de las Fuerzas Armadas. Para la Armada Nacional, eso significaba la compra de nuevos guardacostas, lanchas de búsqueda y rescate y buques de investigación científica. También implicaba una adquisición más ambiciosa: la de dos patrullas oceánicas a un astillero español.

Tras varios años de idas y vueltas, el gobierno de Uruguay finalmente concretó la compra a mediados de 2023 para vigilar su territorio marítimo y perseguir barcos extranjeros. El entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que se cerró la compra con el astillero español Cardama Shipyards por un valor total de 82,2 millones de euros.

Más de un año después de cerrado el acuerdo, Uruguay todavía no tiene en su poder esos barcos.

El ministro García se ilusionaba entonces: “Estos buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir, cuando sea necesario, actividades ilegales, de pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo en nuestro espacio marítimo, cuestión que como ustedes saben está muy limitada a partir del deterioro y la antigüedad que tienen los buques que cuenta la Armada Nacional en el día de hoy”.

La demora en la llegada de los buques provocó que el nuevo ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, fuera convocado al Parlamento por el Frente Amplio para dar explicaciones.

El funcionario aseguró que se está a la espera de que Cardama, la empresa que ganó la licitación, entregue las garantías que consisten en un aval de USD 4 millones en efectivo, según la versión taquigráfica del encuentro informada por El Observador.

“Estamos a la espera de que se deposite esa plata en efectivo en una cuenta del Ministerio de Defensa Nacional. Ustedes me preguntarán cuándo se va a hacer el depósito. Creo que tiene que ser en los próximos días. Es un tema que no da para más”, señaló el secretario de Estado.

Cuando se constituya en efectivo la garantía, se procederá al primer desembolso y se comenzaría con la construcción del buque. Si no se procede al depósito, las conversaciones se darían por terminadas, aseguró el ministro.

“Descontamos que en los próximos días esto va a concretarse y vamos a poder venir a informar que comenzó el proceso de construcción de las OPV”, tranquilizó Castaingdebat. Inicialmente, estaba previsto que la primera embarcación arribara a Uruguay en el primer trimestre de 2025.

Que el depósito de la garantía sea en efectivo motivó cuestionamientos de legisladores del opositor Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya. “El tema Cardama nos sigue generando mucha preocupación, que se ve profundizada ahora por esta información de que se trata de una empresa que no está en condiciones de obtener un aval o una garantía formal por USD 4 millones sino que tiene que llegar a lo que sería, a mi entender, el último recurso posible, que es poner el efectivo”, cuestionó el senador Mario Bergara.

Los patrulleros escogidos por Uruguay desplazan unas 1.700 toneladas, a una velocidad máxima de 24 nudos, y poseen una eslora de 86,75 metros, una manga de 12,20 m y un calados de 3,60 m. El jefe de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson, detalló al momento de la compra que cada embarcación “tiene la posibilidad de emplear un helicóptero embarcado, con lo cual amplía su radio de detección mediante el empleo del radar de búsqueda de superficie que tiene la aeronave más allá del radar que tiene el buque”. Los helicópteros que la fuerza tiene previsto emplear desde los buques son sus Augusta Bell 412 SP, adquiridos a la firma italiana Leonardo y anteriormente eran desplegados por la Guardia Costera de ese país europeo.