El Gobierno de Ecuador aseguró este miércoles que ve un intento de desestabilización y de golpe de Estado en la denuncia electoral que por violencia política de género presentó el lunes la vicepresidenta Verónica Abad contra el mandatario Daniel Noboa.
La denuncia de Abad, que podría acarrear una eventual destitución y suspensión de los derechos políticos de Noboa por cuatro años, “es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado”, indicó a través de un comunicado el ministro de Gobierno, Michele Sensi.
“La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este Gobierno”, añadió Sensi en el escrito, tras recalcar que, para el Ejecutivo de Noboa, la acusación de la Vicepresidenta “es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo”.
“Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral (la de Noboa) al ver que no tienen otra alternativa”, concluyó el ministro.
La denuncia de violencia política de género interpuesta por Abad contra Noboa, recayó este martes en el despacho del magistrado Fernando Muñoz, quien fue removido el lunes como presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se tramita la causa.
La acusación de la vicepresidente podría ser considerada como una infracción electoral “muy grave”, que se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, la destitución del cargo y una multa.
Esta situación se enmarca en la polémica que ha envuelto a ambas autoridades poco después de que se presentaran en binomio o tándem para el proceso electoral del año pasado, unos comicios convocados de manera anticipada por el ex presidente conservador Guillermo Lasso, quien no completó su periodo (2021-2025).
Ya en la campaña electoral de esos comicios se había advertido del distanciamiento entre Noboa y Abad, cuya última actividad en conjunto fue la jura de sus cargos en noviembre pasado.
Tras asumir la jefatura del Estado, Noboa designó a Abad como Embajadora plenipotenciaria del país en Israel, con la misión de buscar la paz en esa región del mundo, aunque la distancia no calmó la pugna entre ambos.
Noboa anunció que se presentará a la reelección para mantenerse en el poder por un periodo completo de cuatro años, pero teme dejar el puesto a Abad que, según la normativa interna, debe tomar el cargo durante el periodo de licencia que el gobernante deba solicitar para dedicarse a la campaña electoral.
Según autoridades del Ejecutivo, sería “nefasto” que Abad reemplace a Noboa en el cargo en la campaña electoral, ya que podría trastocar los planes de su administración.
Abad afronta también ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por una presunta irregularidad en las elecciones locales de 2023, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de la ciudad andina de Cuenca.
Entretanto, Ivonne Coloma, que el lunes fue designada presidenta del TCE por tres de los cinco jueces del organismo que removieron a Fernando Muñoz de la titularidad, aseveró este martes que el próximo proceso electoral está “totalmente garantizado”.
Coloma insistió en que es la presidenta del TCE pese a que Muñoz lo niega y presentó una denuncia ante la Fiscalía por usurpación de funciones.
“No es una simple remoción, es un cambio de gestión”, dijo Coloma a la prensa al anotar que la sesión del lunes “no fue clandestina”, estuvo abierta a todos los medios de comunicación y que “fue debidamente notificada a los jueces”.
Coloma señaló que Muñoz puede ejercer las acciones que crea que le correspondan, pero eso es “muy diferente (a) que sean aceptadas o no, eso ya dependerá de los órganos competentes”, dijo.
Ivonne Coloma puntualizó que Muñoz sigue siendo juez electoral, que “seguirá conociendo las causas que fueron asignadas por sorteo” y aclaró que la remoción se aplicó “única y exclusivamente en tema administrativo”.
(Con información de EFE)
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