La extorsión que presuntamente mantienen Los Caballeros Templarios en municipios de la Sierra Costa de Michoacán habría dejado de concentrarse en establecimientos comerciales para alcanzar también a trabajadores y familias. Los cobros variarían según el negocio, profesión o actividad de las personas.
El esquema fue documentado mediante presuntas listas manuscritas correspondientes a Arteaga y Tumbiscatío, donde aparecen nombres de establecimientos y habitantes acompañados por cantidades que tendrían que entregar de manera periódica. Los registros fueron obtenidos por el periodista Óscar Balderas y presentados este miércoles en la serie Nación Criminal en MVS Noticias.
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Entre los documentos destaca un registro fechado el 25 de mayo de 2026, en el que la suma de las cuotas habría alcanzado casi 20 mil pesos en unas cuantas calles y durante unas horas. Los pagos anotados corresponderían a establecimientos y personas de distintas actividades, una muestra de cómo pequeñas cantidades pueden convertirse en una fuente constante de ingresos para una organización criminal, según la investigación.
Estructura de cobro: de negocios a habitantes comunes
Los registros mostrarían que la presunta estructura de cobro no dependería exclusivamente de que una persona tuviera un establecimiento.
Un hotel con pocos huéspedes tendría asignada una cuota de mil pesos semanales, mientras que una joyería debería entregar una cantidad similar. Para un cibercafé, el monto sería de alrededor de 200 pesos cada semana.
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La lista también incluiría a personas identificadas por su profesión u oficio. Profesores y profesionistas tendrían que entregar alrededor de mil pesos cada dos semanas, mientras que electricistas, mecánicos, cocineras y otros trabajadores aportarían entre 200 y 500 pesos semanales.
La variedad de cuotas permitiría adaptar el cobro a las condiciones económicas de cada persona, de acuerdo con los datos proporcionados por el periodista.
Una población que presuntamente estaría identificada casa por casa
El aspecto que llevaría el esquema más allá del tradicional cobro de piso sería la información que el grupo criminal tendría sobre los habitantes.
De acuerdo con la investigación de Balderas, los responsables contarían con datos sobre quién vive en cada domicilio, la composición de las familias y su actividad económica, información que serviría para determinar cuánto tendría que pagar cada persona.
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El mecanismo descrito permitiría convertir a prácticamente cualquier habitante de determinadas comunidades en un posible objetivo de cobro, incluso cuando no tenga un negocio o actividad comercial.
La dimensión de este supuesto control llevó a Balderas a señalar que la población estaría “censada” por el grupo criminal.
Para las familias, cantidades que individualmente podrían parecer menores representarían una reducción constante de sus ingresos. El dinero destinado a alimentación, medicamentos u otras necesidades tendría que utilizarse, bajo este esquema, para cubrir las cuotas exigidas.
El desplazamiento como consecuencia de no pagar
La presunta extorsión tendría además una consecuencia que va más allá de la pérdida económica: el desplazamiento de quienes no pueden o no quieren pagar.
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Según la información referida en Nación Criminal, quienes incumplen con las cuotas enfrentarían una disyuntiva descrita como “entierro o destierro”. La primera opción aludiría a las represalias violentas y la segunda a abandonar la comunidad para evitar convertirse en víctima.
Salir del lugar tampoco significaría únicamente cambiar de domicilio. Las personas desplazadas podrían dejar atrás viviendas, negocios, vehículos, animales y otras pertenencias.
La investigación refiere que algunos de los habitantes que abandonaron sus comunidades habrían buscado refugio en lugares como Plan del Valle, Charco del Toro, Loma del Macho y El Cerro del Calvario.
Los cobros serían una fuente de financiamiento para el grupo
El dinero obtenido mediante estas cuotas tendría, según la investigación periodística, una función que va más allá del enriquecimiento de quienes realizan las cobranzas.
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Los recursos presuntamente servirían para sostener actividades de la organización, entre ellas la compra de armas y municiones y el pago de sobornos a autoridades.
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La lógica sería la de una red de pequeños cobros periódicos: cada comerciante, trabajador o habitante aportaría una cantidad determinada, mientras que la suma de todos esos pagos produciría ingresos constantes.
El caso expuesto en Arteaga y Tumbiscatío plantea así una forma de extorsión vinculada con el control territorial, en la que conocer la situación económica de los habitantes permitiría establecer cuánto dinero puede obtenerse de una comunidad, según la investigación de Nación Criminal.
Los Caballeros Templarios reaparecen en investigaciones por extorsión
Los señalamientos se conocen un día después de que autoridades federales informaran sobre la detención de 12 presuntos extorsionadores durante 11 cateos realizados en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán.
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Entre los detenidos está Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, identificado por las autoridades como presunto integrante de una célula vinculada con Los Caballeros Templarios. La investigación oficial relaciona a los detenidos con extorsiones contra productores, comerciantes y transportistas, particularmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.
Durante las diligencias fueron aseguradas seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo, de acuerdo con los reportes sobre el operativo.
La operación muestra que, pese al debilitamiento de la organización que llegó a dominar amplias zonas de Michoacán, autoridades continúan identificando células que utilizan el nombre o mantienen vínculos con Los Caballeros Templarios para actividades relacionadas con la extorsión.
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De la caída de sus principales líderes a nuevas células en Michoacán
Los Caballeros Templarios alcanzaron su mayor expansión durante la década pasada, particularmente en Michoacán, donde desarrollaron actividades que incluían narcotráfico, secuestro y extorsión.
El grupo perdió buena parte de su estructura después de la captura o abatimiento de varios de sus principales dirigentes. Entre ellos estuvo Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, uno de los principales líderes de la organización, detenido en 2015.
Aunque el debilitamiento de esa estructura llevó durante años a considerar que Los Caballeros Templarios habían quedado prácticamente desarticulados, el nombre de la organización continúa apareciendo en investigaciones recientes sobre extorsión en Michoacán. La captura de “X1” y otras 11 personas el 11 de agosto constituye uno de los casos más recientes reportados por las autoridades.
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