Organizaciones opositoras exigen al régimen de Ortega y Murillo información sobre un campesino desaparecido en Nicaragua

El drama de los campesinos desaparecidos en Nicaragua ha vuelto a la agenda pública tras cumplirse más de un año de la detención y desaparición de José Danilo Jirón Gudiel, un campesino nicaragüense que regresó voluntariamente de Estados Unidos el 9 de marzo de 2025.

Jirón Gudiel fue detenido por agentes de la Policía Nacional al ingresar al país, según denunció el Movimiento Campesino de Nicaragua, organización que desde entonces exige una prueba de vida y su liberación inmediata. Hasta la fecha, su paradero es desconocido y su caso se suma a una preocupante lista de desapariciones forzadas atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según la denuncia, Jirón Gudiel padecía enfermedades crónicas, lo que incrementa la preocupación de sus familiares y organizaciones opositoras sobre su integridad física y su vida. “Denunciamos la desaparición forzada de José Danilo Jirón Gudiel”, expresó el Movimiento Campesino en un comunicado difundido el 10 de agosto de 2026.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON) también se sumó a la exigencia, reclamando al régimen sandinista información clara sobre el paradero de Jirón Gudiel y advirtiendo que, hasta ahora, no existe información pública sobre su ubicación ni sobre un eventual proceso judicial en su contra.

El caso de Jirón Gudiel no es aislado. De acuerdo con el informe de mayo de 2026 del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, al menos 46 personas permanecen bajo detención por motivos políticos. Nueve de ellas se encuentran en condición de desaparición forzada, una cifra que refleja la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en el país. El mismo reporte documenta que nueve personas han fallecido bajo custodia estatal o tras su detención, un dato que acrecienta el temor de los familiares de los desaparecidos.

Entre los campesinos y líderes rurales que han sufrido desaparición forzada en los últimos años se encuentran casos emblemáticos como el de Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, quien ha sido detenido en varias ocasiones y sometido a procesos judiciales sin las debidas garantías, aunque en su caso se ha conocido su paradero eventualmente. Otros, como Francisco Javier Martínez y Pedro Pablo Hernández, han sido reportados como desaparecidos durante operativos policiales en zonas rurales, especialmente en los departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Río San Juan, regiones donde la resistencia campesina ha tenido mayor presencia.

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado patrones de represión dirigidos contra comunidades rurales y campesinas, quienes han denunciado reiteradas veces detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han alertado sobre la situación de riesgo en que viven las personas que, tras haber salido al exilio, deciden regresar a Nicaragua, así como quienes permanecen en el país y son identificados como opositores al régimen.

El Movimiento Campesino y la GCON insisten en que la desaparición de Jirón Gudiel es una muestra más de la política de persecución contra quienes defienden derechos territoriales, rechazan megaproyectos o han sido críticos de las políticas gubernamentales. A la fecha, el régimen de Ortega y Murillo no ha emitido información oficial sobre el paradero de los nueve campesinos y opositores desaparecidos, ni ha respondido a las solicitudes de organismos independientes.

El contexto de estas desapariciones se agrava por la ausencia de acceso a la justicia y la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua. Familiares de los desaparecidos han recurrido a organismos internacionales para exigir respuestas, pero hasta el momento no han recibido ninguna prueba de vida ni comunicación oficial que permita esclarecer el destino de sus seres queridos.

Mientras tanto, el caso de José Danilo Jirón Gudiel sigue siendo un símbolo del drama de los campesinos desaparecidos en Nicaragua. Su historia, marcada por la migración forzada, el regreso voluntario y la posterior desaparición, refleja la vulnerabilidad de quienes, pese a padecer problemas de salud o estar alejados de la vida política activa, son considerados enemigos por un régimen que mantiene una política sistemática de represión y silencio.

La exigencia de una prueba de vida y la liberación inmediata de las personas en condición de desaparición forzada se mantiene como una demanda central de las organizaciones campesinas y de derechos humanos, que temen que el número real de desaparecidos sea aún mayor que el reportado oficialmente. La opacidad, el miedo y la inseguridad persisten en las comunidades rurales, donde la incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos y la impunidad de los responsables configuran uno de los rostros más oscuros de la actual crisis nicaragüense.