Alito Moreno desata pleito: legislador priista encara a vocero de Morena en el Senado

Un enfrentamiento verbal y físico entre legisladores de distintas bancadas se registró en el patio central del Senado de la República, luego de que el diputado priista Carlos Eduardo Mancilla encarara al vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, en medio de la disputa política que ambos partidos mantienen por el caso del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

El origen del reclamo

Minutos antes Arturo Ávila respondió a medios sobre la petición de retirar el fuero a Moreno. El legislador señaló que el líder priista mantendría carpetas de investigación abiertas y una solicitud de desafuero radicada en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Según cifras que el propio Ávila atribuyó a su equipo de trabajo, el daño patrimonial identificado hasta ahora ascendería a 83 mil 5 millones de pesos, aunque el legislador afirmó que el valor de propiedades declaradas y no declaradas podría superar los 500 millones de pesos. Entre los inmuebles mencionados durante su exposición se incluyeron predios en Campeche, algunos de ellos con precios por metro cuadrado que Ávila calificó de notoriamente bajos respecto a su valor de mercado.

El diputado también hizo referencia a una investigación de la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, que documentaría una red de 35 propiedades vinculadas a familiares del dirigente priista. Cabe señalar que estas acusaciones no han sido confirmadas por una autoridad judicial y Moreno se ha declarado inocente en ocasiones previas.

¿Qué dijo Carlos Eduardo Mancilla?

De acuerdo con lo registrado en video, Mancilla abordó a Ávila para reclamarle declaraciones previas hechas por Alejandro Murat y Ariadna Montiel en contra de Moreno. El legislador priista sostuvo que su bancada respaldará “de frente” a su dirigente y adelantó que también buscarán a Murat para exigirle explicaciones.

En su intervención, Mancilla acusó a Murat de un presunto desfalco superior a 98 mil millones de pesos en el sector salud de Oaxaca, y atribuyó a Montiel un presunto manejo irregular de 6 mil millones de pesos durante su gestión al frente de la Secretaría de Bienestar. Estas cifras corresponden a señalamientos hechos por el propio diputado y no han sido confirmadas por una autoridad competente.

Un intercambio que subió de tono

El encuentro entre ambos legisladores escaló rápidamente. Según el video, Mancilla acusó a Ávila de ser “vocero del narco” y de representar, según sus palabras, a un sector vinculado con actividades ilícitas, mientras cuestionaba reiteradamente su postura frente a él. Ávila, por su parte, respondió que actuaba “a nombre del pueblo” y en un momento de la discusión le señaló directamente: “me estás amenazando, cabrón [...] quiere censurar a la oposición”.

Durante el altercado se escucharon además insultos entre ambos legisladores, así como acusaciones cruzadas —ninguna de ellas verificada— sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y señalamientos de que Ávila respondería a órdenes de terceros.

Empujones y retirada

La discusión derivó en empujones y jaloneos entre los dos diputados, en un ambiente de tensión que fue presenciado por otras personas en el lugar. El encuentro concluyó cuando Arturo Ávila se retiró del patio central, poniendo fin al altercado sin que, hasta el momento, se reporten consecuencias físicas mayores.

Contexto político

El altercado se da luego de que, el pasado 10 de agosto, Alejandro “Alito” Moreno anunciara a través de redes sociales que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de tres consejeros del INE —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga—, a quienes acusó de vulnerar su libertad de expresión luego de que el instituto le ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”. Según explicó el propio dirigente priista, la denuncia se ampara en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una ley estadounidense que permite sanciones e impedimentos migratorios a personas señaladas por violaciones a derechos humanos. Esta versión corresponde a lo difundido por Moreno en sus redes sociales, sin que exista, hasta el momento, una postura oficial del Departamento de Estado o del INE al respecto.